Actualizado el 04/11/2014 17:32 Compartir
Según la FEMP, el documento al que hace referencia la ACM, denominado 'Recomendaciones Técnicas para la Regulación del Servicio de Abastecimiento Urbano', se aprobó a finales de 2011 y su cometido era "recomendar a las Entidades Gestoras del Agua que sigan los procedimientos o trámites legales o regulados, previstos para los procedimientos de suspensión del suministro", y explicar "cómo proceder, siguiendo la legislación vigente, en los casos en los que se realice el corte de suministro por falta de pago".
"De la lectura del informe, se extrae, en cualquier caso, que lo que se busca en estos casos es proteger al cliente de posibles actuaciones incorrectas por parte de las Entidades Gestoras y en ningún caso se invita a los Ayuntamientos a hacer nada que no esté recogido en la normativa vigente", asegura la institución presidida por Íñigo De la Serna.
En su aclaración, la Federación explica que el documento se desarrolló "en el marco del Convenio Marco de Colaboración entre la FEMP y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), durante el año 2010 por un Grupo de Trabajo Mixto, constituido por un panel de expertos nombrados por dichas entidades".
"El grupo de expertos que elaboró el informe fue coordinado por la FEMP y AEAS y, entre los ponentes redactores, hay un representante de la Diputación de Barcelona, así como un miembro de la Sociedad General de Aguas de Barcelona; y entre los colaboradores se encuentran dos miembros de la Sociedad General de Aguas de Barcelona así como otro de la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente de Barcelona", añade.
Asimismo, señalan que tanto la FEMP como la AEAS consideraron en su día "que podría ser útil para muchos municipios, en particular para aquellos pequeños y medianos, el que se pudiera disponer de un documento de Recomendaciones Técnicas, actualizado y adaptado a las estrategias que emanan de las legislaciones europeas y estatales más recientes, pero ya consolidadas".
Según la FEMP, los objetivos por los que se elaboró dicho documento fueron los de dotar a los municipios "de un auxilio en forma de marco técnico-regulador unificado y actualizado" y "establecer unas condiciones mínimas pero detalladas y concretas para el desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua para el consumo humano a los núcleos urbanos".
Asimismo, se buscaba "ofrecer un documento de apoyo, consulta o soporte que pueda ser utilizado por cualquier entidad municipal, o supramunicipal, que lo requiera" y que, al mismo tiempo, "tenga un valor didáctico frente a los actores involucrados en la gobernanza y gestión y uso de los servicios de abastecimiento de agua urbana: Ayuntamientos u otros órganos competentes, entidades gestoras, abastecedoras suministradoras y clientes o usuarios y ciudadanos en general".
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