Actualizado el 11/10/2014 08:13 Compartir
Tras el Consejo Interterritorial de Salud convocado para abordar de forma monográfica la gestión del ébola, los representantes autonómicos de todo signo político no han querido entrar a valorar qué ha podido fallar para que haya habido un contagio en España, así como tampoco la gestión posterior de la infección ni las polémicas palabras del consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez.
"La imagen de unidad es una demostración de que cuando un país tiene grandes problemas somos capaces de ponernos de acuerdo, sería incomprensible para los ciudadanos que vieran un Consejo dividido", ha resumido el consejero de Asturias, el socialista Faustino Blanco, quien ha insistido en que la salud pública no es una cuestión "ideológica" sino un asunto de seguridad de la población.
Según ha asegurado, durante el encuentro no se han centrado en estudiar "quién ha podido cometer errores" sino en consensuar la necesidad de que haya una investigación y su resultado se traslade a la opinión pública. A su juicio, desde la autoridad sanitaria es importante "dar seguridad a los ciudadanos y transmitir la tranquilidad necesaria", para lo que considera necesario "actuar con transparencia, dar información rápidamente y que las investigaciones se realicen en un tiempo razonable".
También ha apoyado la decisión del Gobierno de crear el Comité Especial para la Gestión de la Enfermedad y una comisión científica de expertos, porque cree que eso traslada a la población la idea de que "el Gobierno gobierna y da seguridad".
Blanco ha aprovechado además para trasladar a la ministra de Sanidad la necesidad de que exista un centro de referencia nacional para enfermedades "de baja prevalencia e infecciones complejas" como es el caso del ébola, y se ha referido al caso del hospital Carlos III de Madrid.
También el consejero de Euskadi, Jon Darpón, ha reconocido salir "satisfecho" del encuentro ante la necesidad de que los asuntos de salud pública tengan "un enfoque" y se "racionalice" la situación. "El tema está enfocado aceptablemente", ha reconocido antes de trasladar su deseo de recuperación a la auxiliar de enfermería infectada, Teresa Romero.
Desde Cataluña, el consejero Boi Ruiz, que ha visto a la ministra Mato "activa y muy predispuesta" a admitir propuestas de las autonomías, ha insistido en que no existe un problema de salud pública por ébola en España sino que ha habido un problema con un paciente "que contaminó a una profesional", algo que ha calificado como "un desgraciado accidente" que "hay que investigar y por el que habrá que rendir cuentas para que no vuelva a pasar".
A su juicio, la máxima atención ahora debe estar en evitar que viajen a España desde otros países personas infectadas por ébola, vigilando las fronteras, y actuar en África "lo más rápidamente posible de manera estructural" para luchar contra ésta y otras epidemias.
Respecto a si esta crisis abre un debate sobre la posibilidad de que las comunidades autónomas devuelvan las competencias de sanidad al Estado, ha dicho que los problemas son generales pero las soluciones son "locales" y que las competencias "están en el conocimiento y la literatura y se trata de desarrollarlas bien". En cuanto a los recursos económicos que se destinan a hacer frente a esta situación, ha asegurado que en Cataluña ante una alerta de salud pública "no hay limitación".
La consejera de Sanidad canaria, Brígida Mendoza, ha asegurado que su comunidad también está preparada para afrontar esta situación porque lleva trabajando en ella desde el pasado mes de abril cuando se detectaron los primeros casos en Guinea-Conakry, dada la cercanía del Archipiélago a la costa africana.
Por ello, ha insistido en transmitir a la población un mensaje de tranquilidad y ha explicado que todos los profesionales sanitarios de la comunidad cuentan con el protocolo que deben seguir en caso de recibir un caso sospechoso de ébola y con la preparación necesaria para afrontarlo.
Mendoza ha explicado que en Canarias se está trabajando haciendo simulacros con los profesionales del sector para actuar si fuera necesario y se han habilitado dos hospitales de referencia, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Por parte del PP, el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha apuntado que la revisión del protocolo acordada este viernes refleja la experiencia vivida en Madrid con el caso de Teresa Romero, a lo que ahora se debe sumar "un refuerzo" de la formación de los sanitarios, que en su comunidad ha asegurado que ya han recibido 1.200 profesionales. "Vamos a seguir reforzándolos y ampliándolos a los trabajadores que lo precisen", ha garantizado.
Para Sáez Aguado, es el momento de estudiar "si ha habido errores, fallos y en qué contexto", ya que el caso de contagio de la auxiliar de enfermería "no debía haber aparecido". Por ello, ha emplazado a esperar los resultados de la investigación en marcha para "analizar posibles errores o fallos".
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