Actualizado el 26/09/2014 15:17 Compartir
En concreto, la pieza centra sus investigaciones en el presunto trato de favor que recibió, a través de contrataciones irregulares, la empresa Over Marketing durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), quien se encuentra imputado en esta causa, junto al actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, entre otros.
Los investigadores apuntan a que parte del dinero público que recibió la empresa mediante adjudicaciones presuntamente fraudulentas habría acabado en manos del PP balear, indagando de este modo si se produjo una financiación ilegal del partido.
El magistrado también ha dictado dos providencias con las que cita a declarar, el próximo 8 de octubre, al empresario Antonio Reus como imputado, y a los testigos Bernat Albertí, José Vicente Juan, Damián Vidal y Javier Pons, exjefe de prensa de la Conselleria de Salud.
Castro ha acordado de esta forma desgajar las pesquisas en un fleco derivado de las contrataciones que efectuó la Conselleria y otro relacionado con las llevadas a cabo desde la Dirección General de Tecnología y Comunicaciones. Y es que varios departamentos habrían intervenido en distintas adjudicaciones que beneficiaron a Over, principalmente en lo que a publicidad institucional se refiere.
Al respecto, se indagan las partidas públicas que se destinaron a Over por este concepto y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas. En este contexto, los investigadores apuntan a que el empresario Daniel Mercado fue beneficiado de forma supuestamente irregular con estos contratos a lo largo del último mandato del PP, tras haberse encargado del diseño de la campaña electoral del partido previa a los comicios autonómicos y municipales de 2003.
En su resolución judicial, Castro justifica que en el marco de esta pieza separada se investigan numerosas contrataciones que tienen como nota común a la empresa Over y algunas de su entramado, a fin de esclarecer si se cometieron delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad.
En el marco de esta causa se encuentran imputados, además de Matas y Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, el expresidente del Parlament balear Pere Rotger, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero 'popular' Fernando Areal, y el administrador de Over, Daniel Mercado.
Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.
En el marco de estas investigaciones, Daniel Mercado confesó que, con motivo de su intervención en la campaña electoral del PP de 2003, pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exmandatario de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en B -dinero opaco al fisco- y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
En este contexto, Mercado explicó cómo el extesorero del PP balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue José María Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. Tal y como aseveró, el grueso de los pagos en negro los realizó el extesorero del PP, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, al que supuso que Matas "ya le había dado instrucciones".
Incidiendo en el papel de Rodríguez, Mercado apuntó que se trataba del dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP". Según recordó, los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".
Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.
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