Manos Limpias recusa por falta de imparcialidad a dos de los magistrados que decidirán sobre la Infanta

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha presentado este jueves un escrito de recusación contra dos de los magistrados de la Audiencia Provincial de Baleares que deberán pronunciarse sobre el futuro procesal de la Infanta Cristina, al apuntar a la falta de imparcialidad que podría afectar a su decisión, y en él solicitan que ambos sean apartados y sustituidos por otros dos que por turno corresponda.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la entidad sindical, Virginia López Negrete, centra su petición en el presidente de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino -quien además será ponente en la resolución sobre el archivo o mantenimiento de la imputación de la Duquesa de Palma- y la magistrada Mónica de la Serna, quienes por medio de un "polémico" auto ya acordaron sobreseer en mayo de 2013 el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI.

La petición de recusación ya ha comenzado a ser tramitada por la Sección Segunda, que dará un plazo común de tres días a las partes para que se pronuncien sobre ello en base a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La normativa prevé que la decisión definitiva la adopte una sala formada por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

La abogada de Manos Limpias apela en su escrito a la "pulcritud en la imparcialidad" que debe imperar en los magistrados, lo que, a su juicio, no se produciría en el caso de Gómez Reino y De la Serna, "habiéndose ya empleado e implicado" en el archivo de la imputación de la Infanta "con todo el revuelo mediático y jurídico que tal resolución supuso".

"Justamente ellos son los magistrados que nunca debieran decidir, nuevamente, sobre tan importante recurso de apelación de la Infanta doña Cristina", recalca el sindicato, incidiendo en que su intervención sería "totalmente inadmisible" y no se entendería que "unos magistrados que claramente ya han demostrado su presunta objetiva parcialidad y sobre los que existe una objetiva sospecha sigan siendo los encargados de resolver el importantísimo recurso que afecta a la responsabilidad de la Infanta".

En su petición, que no tiene efectos suspensivos sobre la tramitación del recurso de la Infanta y de los otros once encausados que han impugnado el mantenimiento de su imputación en la causa, Manos Limpias recrimina en el caso de Gómez-Reino que éste "no ha tenido ninguna vacilación" a la hora de aceptar su designación como ponente del auto que resolverá los recursos, a pesar de que este acuerdo "debería haber sido refrendado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia".

En este sentido, la representación del sindicato postula que el magistrado "ha violado la Ley", lo que "no debemos pasar por alto, máxime en un caso tan sensible e importante para el Estado y toda su ciudadanía como es la resolución de las posibles responsabilidades en las que haya podido incurrir, con su actuación, la Infanta Cristina".

NORMAS EN LAS QUE SE AMPARA MANOS LIMPIAS

Manos Limpias apunta se ampara asimismo en el artículo 24.2 de la Constitución que, en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, "reconoce el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio, de tal modo que la imparcialidad judicial constituye una garantía procesal que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional".

Recientemente, la acusación popular impugnó la designación de Gómez-Reino como único ponente para estudiar los 14 recursos interpuestos contra el auto que el pasado mes de julio puso fin a la instrucción de la causa, entre los que se encuentra el que presentó la Infanta. No obstante, el recurso de reposición fue desestimado por la Audiencia.

La letrada se mostraba "total y absolutamente en desacuerdo" con la elección de la ponencia al apuntar que "no se ajusta a la Ley" y que debería haber sido aprobada por la Sala de Gobierno del TSJIB.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE RECUSACIÓN

En cuanto a la tramitación de la recusación, tras la consulta de las partes se dará traslado a los dos magistrados recusados para que se pronuncien sobre la petición. En caso de que éstos la rechazasen, se remitiría el incidente de recusación al presidente de la Audiencia, Carlos Gómez. En ese momento, la Ley prevé que los dos magistrados recusados sean apartados de la causa, hasta que se adopte una decisión definitiva.

Una vez recibido el incidente de recusación, Gómez nombrará un magistrado instructor del mismo entre los magistrados de la Audiencia -que no pertenezcan a la Sección Segunda-. Concluida la instrucción, el incidente se remite a una sala del TSJIB que, según establece el artículo 77 de la LOPJ, estará formada por el presidente del Tribunal, los presidentes de Sala y el magistrado más moderno de cada una de las salas, que adoptará una decisión definitiva.