Actualizado el 25/09/2014 08:29 Compartir
Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha suspendido de forma cautelar la orden aprobada el pasado 9 de mayo por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades del Ejecutivo balear, cuyo objetivo era desarrollar el Decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios de las islas. Esta decisión se ha producido después de que la máxima instancia judicial de las islas declarase nulo el anterior Decreto a través de tres sentencias, contra las que el Govern ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Al respecto, la administración educativa valenciana ha incidido en que la situación de la norma balear "no afecta para nada al decreto valenciano, que ha sido modélico, refrendado por la comunidad educativa y ratificado por el TSJ".
"Nuestro decreto de plurilingüismo contó con el consenso y ha sido respaldado por el Tribunal Superior de Justicia, que fallo a favor de la Conselleria de educación el recurso; además, lleva tres años de implantación y ya son 144.000 los alumnos donde ya tienen implantado el sistema plurilingüe", han argumentado fuentes del departamento de Campanar a Europa Press.
En la misma línea, han apuntado que "cada año son más los centros que se suman a la red plurilingüe que ha doblado en tres años el número de centros que de manera voluntaria han querido adelantarse en la implantación".
"Nuestro modelo es ya ejemplo para otras comunidades, tanto por la forma de su implantación donde se negoció con toda la comunidad educativo y se atendió a sus peticiones", reiteran.
Prueba de ello, agregan, es una sentencia de la sección 5 de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV que desestimó un recurso interpuesto por el sindicato STEPV contra el Decreto de plurilingüismo y contra las instrucciones dictadas posteriormente para su aplicación.
En dicha resolución judicial --de fecha 20 de marzo de 2014-- el TSJ rechaza las alegaciones presentadas contra el decreto, al considerar que la instrucciones recurridas son "inimpugnables", que en ninguna parte del decreto hay la menor cita al establecimiento de un sistema de becas y, en consecuencia, incremento del gasto público --tal y como argumentaba la parte recurrente-- ; no regulaba las funciones ni existencia de los llamados 'becarios de inglés' ni se daban argumentos suficientes para entender que se vulneraba la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).
Por todo ello, se desestimaba el contencioso administrativo contra el decreto y se inadmitía el recurso contra las instrucciones para su aplicación.
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