Actualizado el 19/09/2014 15:29 Compartir
Así lo pone de manifiesto en unas alegaciones a las que ha tenido acceso Europa Press y con las que rebate las consideraciones vertidas por el sindicato Manos Limpias en el recurso que interpuso contra el auto con el que Castro puso fin a la instrucción de la causa, y con el que solicita que Sorribas vuelva a ser imputado.
En su escrito, la representación procesal de Sorribas recrimina que la acusación popular sustente su petición "en vaguedades" a través de un recurso donde "no explica qué acciones u omisiones concretas se le suponen" a su patrocinado "para merecer el reproche penal", lo que "evidentemente" le sitúa "en una posición de indefensión proscrita en la Constitución".
En su análisis, Sorribas hace hincapié en la necesidad de analizar "con cautela y sensatez" los hechos acaecidos entre 2004 y 2010 -fechas investigadas en el caso Nóos- antes de lanzar una acusación en torno a la actividad concreta que llevó a cabo, y enjuiciar estos hechos "en el contexto temporal en el que se produjeron".
Así, recuerda cómo en 2004 "se vivían tiempos de euforia económica que se creía eterna, el Rey don Juan Carlos y su entorno familiar gozaban del máximo crédito, estima y ferviente adhesión por la inmensa mayor parte de la ciudadanía" y, aunque los políticos "no pertenecían a la mejor valorada de las profesiones, se respetaba sin embargo la autoridad de quienes gobernaban".
Una situación que, asevera, contrasta con la que se vive actualmente, en la que la "dramática" crisis económica "ha modificado radicalmente la percepción que ahora se tiene sobre el valor de cada euro gastado o invertido por las Administraciones; una importante pérdida de credibilidad ha desprestigiado al abdicado Monarca, su familia e incluso a la misma institución, y se ha generalizado la creencia de que los políticos, principalmente quienes detentan responsabilidades de gobierno, son unos corruptos prestos a delinquir a la primera ocasión que se les presenta".
Es por ello que, cuando Sorribas empezó a trabajar en Nóos en 2004, la percepción en torno a esta empresa era distinta y constituía una "gran suerte", algo que, asevera, "no se puede entender correctamente si la aproximación a los hechos enjuiciados se realiza con la mentalidad de hoy en día, en lugar de la propia del momento histórico en que acaecieron".
"Nóos tenía toda la apariencia interna y externa de empresa no ya normal, sino puntera, sin ningún atisbo de encubrir actividades ilegales", recalca en esta línea.
En cuanto al papel específico que jugó el exempleado, su representación señala que cuando fue éste contratado en el Instituto Nóos "no conocía de nada al señor Urdangarin", sino que "sencillamente envió un curriculum a una oferta de trabajo y lo seleccionaron. Cinco años más tarde, cuando en 2009 el señor Urdangarin marcha a América con su familia, Sorribas es su único empleado y le otorga unos poderes, no excesivamente amplios, unos poderes normales dadas las circunstancias".
Un apoderamiento que, señala, le convirtió "en mandatario del señor Urdangarin, término técnico-jurídico para referirse al mandado del mandante, lo que nunca dejó de ser Mario Sorribas, que por demás nunca usó indebidamente esos poderes para delinquir".
De hecho, incide, "está fuera de discusión para todas las partes, excepto para el sindicato recurrente [en referencia a Manos Limpias], que los únicos jefes y responsables de la empresa eran sus dueños, los señores Diego Torres e Iñaki Urdangarin, al tiempo que sus empleados no pintaban nada". Es más, destaca la unanimidad de trabajadores, clientes y proveedores que han señalado que los únicos responsables del entramado eran ambos exsocios y han apuntado al "intrascendente" papel de Sorribas en la empresa.
La representación de Sorribas insiste en que éste no figura tampoco entre las siete personas del organigrama directivo del Instituto Nóos, toda vez que era "ajeno al área de influencia sobre altas instancias políticas que hubieran de permitirle obtener adjudicaciones y saltarse trámites administrativos, que a la postre desconocía totalmente, pues carece de conocimientos administrativos".
"A él le encomiendan trabajar para adjudicaciones ya realizadas a favor de la empresa propiedad de los señores Iñaki Urdangarin y Diego Torres, de las que desconoce los precios acordados, pues tampoco le interesa ni percibe por ello ninguna comisión. Tampoco ha intervenido en la negociación ni la redacción de los contratos", precisa el escrito. "Existe absoluta unanimidad sobre quiénes eran los dos dueños y jefes de la empresa, en los que por tanto residía el dominio real y efectivo de los actos enjuiciables bajo la óptica penal", remarca.
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