Actualizado el 20/08/2014 15:19 Compartir
Así lo ha expresado Rivero en una rueda de prensa que se ha celebrado tras un consejo extraordinario desarrollado este miércoles en la isla de Lanzarote, una semana después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo diera el visto bueno a Repsol para que lleve a cabo los sondeos exploratorios de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago canario.
"Ante este desprecio del Gobierno de España, del Ministerio de Industria, sobre la opinión de los ciudadanos que vivimos en Canarias, el Gobierno de Canarias redobla su compromiso de que el pueblo canario tiene que tener la oportunidad de expresarse ante una consulta. La respuesta que le damos es que vamos a adelantar todos los procesos administrativos para hacer posible la consulta lo antes posibles sobre las prospecciones", apostilló.
Actualmente los trámites normativos enmarcados en la Ley de Participación Ciudadana, en concreto en su artículo 20, para poder hacer realidad la consulta, ya cuentan con un decreto publicado, mientras que hay un segundo decreto que está en informe consultivo, para lo que agosto es inhábil, por lo que espera que se reanude la actividad y se pueda tener "aprobado, a lo más tardar, los primeros días de octubre" para desarrollar la estructura que permita la consulta.
Rivero ha reiterado en varias ocasiones, durante su comparecencia, que además de instituciones del archipiélago, los ciudadanos de las islas se han mostrado "en contra del petróleo", al considerar esta actividad "incompatible" con el turismo, especialmente insistió en Lanzarote y Fuerteventura, donde más del 50 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) "depende de esta actividad económica", así como por el hecho de que "el 100 por 100 de agua que se consume es desalada del mar", de ahí que cualquier incidente, avisó, "puede arruinar la misma vida de las islas".
"No estamos caprichosamente en contra de la actividad petrolera. Este tipo de actividad, que es de riesgo, es absolutamente incompatible con la sostenibilidad", incidió.
El jefe del Ejecutivo canario ha vuelto a insistir en la solidaridad de Canarias con Baleares en contra de las prospecciones en dicho archipiélago, ya que ambos territorios, recordó, suponen "el 50 por ciento del turismo, aportan más de 60 millones de euros a la actividad turística" en España.
Así, consideró que la autorización aprobado por el Ministerio de Industria el 11 de agosto para que se puedan llevar a cabo los sondeos exploratorio en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, "es un claro desprecio a las instituciones y al pueblo canario, un desprecio absoluto a la opinión expresada mayoritariamente por los ciudadanos", a los que aseguró "no se les ha tenido en cuenta, se les ha minusvalorado, casi se puede decir que se han reído".
"Entendemos que estamos ante un asunto relevante, de gran trascendencia y, por lo tanto, hay que dar la oportunidad de que el pueblo se exprese. La consulta la llevaremos a cabo, adelantando todos los pasos. Nos vamos a apoyar en la Ley de Participación Ciudadana, que estamos desarrollando el artículo 20 que es la que nos debe llevar a posibilitar la consulta", apuntilló.
De todos modos, Rivero recordó las palabras del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, apuntando que "ante el mínimo indicio de riesgo" se suspenderán las prospecciones en Baleares, cuestión que exigió debe ser el "mismo compromiso" con Canarias, donde ante el "mínimo indicio de riesgo, las prospecciones se suspendan".
Rivero pidió a Rajoy que "en coherencia" con sus palabras sobre la situación en Baleares, "se suspendan --las prospecciones-- en Canarias" porque aseguró que el expediente sobre las mismas recoge que "hay riesgos", así como que se trata de "una actividad de riesgo". "Exigimos al señor Rajoy un trato igual y coherencia", reiteró.
Y es en este entorno donde el presidente canario enmarca, si fuera necesario, romper las relaciones institucionales con el Gobierno central como ya planteó la pasada semana. Añadió que si se produce un "trato discriminatorio, y en el caso de Canarias no suspende" las prospecciones, entonces el archipiélago "no puede tolerar eso", "no puede permitir un desprecio de esa naturaleza", aunque no desveló cómo se produciría lo que calificó de "divorcio institucional", ya que confía en que "Rajoy cumpla".
Por otro lado, en cuanto a las acciones a llevar a cabo, el presidente canario recordó que jurídicamente trabajan en los recursos contra la sentencia reciente del Tribunal Supremo (TS) sobre la que se planteó un incidente de nulidad para que, si la respuesta es negativa, acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Asimismo, sobre la autorización de los sondeos exploratorios, deben esperar al pronunciamiento de la Secretaría de Estado al recurso de alzada para poder acudir a los tribunales de justicia y demandar medidas cautelares porque se trata de "una fase donde los riesgos son altos".
Rivero incidió en que "hay claras irregularidades" en el expediente, en la tramitación de las prospecciones, por lo que solicitarán en septiembre a la Comisión Europea que apele a la actuación del Tribunal de Luxemburgo.
El mes de septiembre previsiblemente será también cuando se lleven a cabo dos reuniones, una con el Rey Don Felipe VI, solicitada en junio, y otra con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.
Asimismo, una vez concluya agosto, Rivero prevé retomar su agenda de contactos y encuentros con los partidos tanto con representación como no en el Parlamento autonómico y con la sociedad civil para, dijo, "hacerles partícipes de las decisiones del Gobierno" regional.
En este marco, afirmó que se va a solicitar a la Cámara autonómica la habilitación de la primera semana de septiembre como periodo parlamentario para celebrar un pleno extraordinario donde debatir una comunicación del Gobierno canario referida a las últimas autorizaciones y donde espera que se pueda definir la fecha de la consulta.
"El Gobierno va a incrementar todas las medidas tanto políticas, jurídicas como sociales para impedir este atropello. Para evitar un abuso, un desprecio de una decisión unilateral del Gobierno de España", sostuvo.
Al respecto, y como ya hiciera la pasada semana el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ahora Rivero ha solicitado a Sacyr y 'la Caixa', accionistas en Repsol, a reflexionar sobre su compromiso con Canarias, asegurando que le consta que "han sido presionados por el regulador (el Ministerio de Industria)".
Finalmente, cuestionado por su actuación ante esta situación coincidiendo todo ello con la elección de candidato de Coalición Canaria (CC), matizó que su "posición respecto al petróleo es hoy la misma que hace dos años. La oposición a la actividad petrolera en Canarias es por convicción, parte de la convicción de que esta actividad pueda poner en riesgo la sostenibilidad en Canarias. Es un asunto que supera el interés partidario. Afecta de una forma muy importante" al archipiélago.
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