CGT-Aena convoca una nueva huelga en Barajas el 29 y 31 de agosto contra la privatización

CGT-Aena ha convocado nuevos paros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para los días 29 y 31 de agosto contra la privatización, al no alcanzar una "vía dialogada" con Aena.

El sindicato vuelve a programar movilizaciones tras desconvocar la huelga prevista para los días 15 y 17 con el objetivo de iniciar negociaciones con los responsables del aeropuerto sobre el proceso de privatización del ente.

Así, ha asegurado que "no ha recibido ninguna respuesta" ni por parte del aeropuerto ni desde el Ministerio de Fomento a su propuesta de diálogo, por lo que ha perdido la esperanza de que "se pueda abrir una ronda de negociaciones".

Al igual que la vez anterior, señadores, médicos, bomberos y personal de atención al pasajero del área de seguridad operacional, adscritos tanto a Aena como a ENAIRE en Barajas están llamados a unirse a los paros que coincidirán con la operación retorno de las vacaciones.

Concretamente, los trabajadores realizarán paros desde las 15.00 horas hasta las 20.00 horas del día 29 de agosto, y entre las 7 y las 10 de la mañana y de las 20 y las 24 horas para el 31 de agosto, según detalló la CGT en un comunicado.

En consonancia con las movilizaciones en otros aeropuertos anunciadas por el delegado sindical de CGT-Aena Barajas, Alonso Muñoz, el pasado miércoles, el Comité de Empresa del aeropuerto Tenerife Norte se encerró de 08.00 a 20.00 horas en las dependencias sindicales de Los Rodeos en acto de protesta contra la privatización de Aena.

Con la nueva huelga, CGT afirma mantener la coherencia en su "posición en defensa del servicio público aeroportuario, exigiendo unos aeropuertos públicos, seguros, social y económicamente sostenibles", manteniendo su oposición por tanto al cambio de modelo de gestión.

Desde el sindicato consideran que la operación pone en "grave riesgo" el turismo, "sector estratégico de la economía" además de "repercutir negativamente" en la seguridad del transporte aéreo.

Asimismo, critica que la operación podría poner en riesgo las garantías de mantenimiento del empleo, sobre todo la de aquellos empleados con contrato temporal, que, bajo su criterio, deberían tener un contrato fijo, y reclaman el respeto al convenio colectivo.