Soria dice que el permiso a Repsol en Canarias se da 'tras estudiar todas las alegaciones'

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que la autorización a Repsol para iniciar las investigaciones en Canarias se ha concedido "tras estudiar todas las alegaciones" y después de que su departamento haya ampliado en cinco días el plazo inicial de diez días de audiencia pública para recoger los comentarios de los afectados.

"Se han estudiado todas las alegaciones que se han presentado y, como quiera que no afectan en absoluto al contenido de la autorización, se ha procedido a la firma de la resolución", explicó el ministro en declaraciones a Europa Press, después de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la autorización para el inicio de los sondeos. El Gobierno de Canarias, la operadora y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventua presentaron sus argumentos durante el proceso.

Soria anunció además que, si Repsol encuentra hidrocarburos en las aguas próximas a Canarias, planteará la aprobación de cambios tributarios para que las islas puedan recibir ingresos procedentes del petróleo, cuya cuantía se destinaría tanto a la Comunidad Autónoma como a los cabildos y a los ayuntamientos de la zona.

El ministro recordó que el Congreso ya aprobó una propuesta para que, en el caso de que haya extracción de hidrocarburos, una parte de la tributación vaya a la Comunidad Autónoma y a sus entes locales.

En el caso de Canarias, donde la actividad no se realizaría en la comunidad autónoma pero sí "en un lugar próximo", "también se plantearía esa figura tributaria", afirmó el ministro, antes de precisar que el cambio fiscal "no está definido", pero se parecerá a los que se aplican en otros países cercanos con hidrocarburos.

"En la mayor parte de países del entorno donde hay actividades extractivas, por ejemplo en Italia, hay un tributo que grava con el 8% el valor de la producción extraída", indicó. En Canarias, "sería una parte para la Comunidad Autónoma y otra parte para los ayuntamientos y los cabildos", afirmó.

Por otro lado, el ministro indicó que, tras la publicación de la resolución, es el momento de "esperar" a conocer los resultados de las prospecciones de Repsol y "ver el resultado".

"Si es positivo, se abrirá una segunda fase que consistiría en la autorización para la explotación, que sería mucho más larga que la de la prospección y que daría lugar en todo caso a otra declaración de impacto ambiental. Si esta resulta negativa, ahí se acaba el proceso", dijo.

"EXTRAORDINARIA NOTICIA"

Para el ministro, el hallazgo de crudo en la zona "sería una extraordinaria noticia para la economía canaria y para la economía española".

El país reduciría su dependencia exterior de hidrocarburos, que en la actualidad ronda el 99%, y mejoraría su balanza comercial, mientras que Canarias disfrutaría de una actividad económica adicional "por ser la más próxima al lugar de los sondeos y por los ingresos fiscales que se derivarían del tributo sobre la cantidad de hidrocarburos a establecer".

Soria no cuantificó el efecto positivo de las eventuales extracciones de hidrocarburos sobre el empleo, pero recordó la asiduidad con la que diferentes unidades petrolíferas marítimas atracan en puertos canarios. "Cada una de estas unidades deja entre 25 y 30 millones de euros en actividad económica", ilustró.

APROBACIÓN CON CONDICIONES

La resolución del Ministerio de Industria en la que se autoriza a Repsol a realizar sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Canarias 1' a 'Canarias 9', situados en el océano Atlántico, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, viene acompañada de catorce condiciones.

Entre ellas, figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros. Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos.

Otra condición consiste en que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones. Junto a esto, el operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos.