Actualizado el 07/08/2014 15:35 Compartir
La organización ha recordado al Gobierno español que tiene la "obligación legal" de utilizar la información del Instituto Español de Oceanografía (IEO) o el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre estos hábitats para aplicar en ellos, aunque sea "con ocho años de retraso", el Reglamento del Mediterráneo que entró en vigor en 2006.
Se trata de una normativa europea que prohíbe en ecosistemas de coralígeno y del alga coralina 'maërl' (o 'magrana', como se la conoce en Baleares) la pesca de arrastre, una práctica "agresiva" con la que los barcos desplazan redes por el fondo del mar y que, según Oceana, constituye un "serio riesgo" para la conservación de los espacios protegidos.
El caso del Canal de Menorca es "especialmente preocupante", según el director ejecutivo de Oceana en Europa, Xavier Pastor. En este sentido, se ha referido a estudios del IEO para la declaración de la zona como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) según los cuales se ha incrementado la flota de pesca de arrastre que sigue operando "de forma ilegal e impune" a pesar de la existencia de coralígeno y mäerl en la zona.
Por su parte, la bióloga marina en Oceana, Marta Carreras, ha calificado de "sorprendente" que los pescadores de arrastre, que "han tenido 8 años" para adaptarse a la normativa, sigan reclamando pescar sobre "fondos prohibidos".
En este sentido, Oceana ha añadido que con la prohibición efectiva de esta práctica y regeneración de los ecosistemas, se recuperaría además parte de la pesca profesional artesanal así como el buceo en zonas protegidas, entre otras actividades económicas .
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