El juez Castro mantiene que Matas, Torres y su mujer deben sentarse en el banquillo de los acusados

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado mantener la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas, del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y del exgerente de la empresa pública Illesport Gonzalo Bernal, al considerar que sobre ellos pesan suficientes indicios de delito para que se sienten en el banquillo de los acusados.

Así lo ha decidido mediante un auto dictado este jueves, con el que desestima los recursos de reforma interpuestos por los cuatro encausados contra el auto por el que Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos, y en el que decretó que continuase el proceso penal contra ellos -junto a otras doce personas- de cara a ser juzgadas por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la actividad del Instituto Nóos, liderado entonces por el Duque de Palma y su exsocio.

El magistrado da cinco días a los cuatro imputados para que recurran su auto ante la Audiencia Provincial de Baleares. En su misma resolución, el juez rechaza asimismo el recurso que presentaron los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia, personados como acusación popular, quienes solicitaban que fuese imputado de nuevo el vicealcalde Alfonso Grau.

En el caso concreto de Matas, Castro rebate con dureza los diversos argumentos esgrimidos por el también exministro, comenzando con una reunión que tuvo lugar en el Palacio de Marivent en la que el exmandatario balear y Urdangarin jugaron un partido de pádel y negociaron la concesión del patrocinio para un equipo ciclista por 18 millones de euros.

Al respecto, el magistrado ironiza con el alegato de Matas de que "No parece ajeno a la lógica del actual humano entender que el móvil determinante del encuentro" fue el partido de pádel y no el patrocinio, teniendo en cuenta, según el expresidente, que "el evento lúdico-deportivo se celebra en la residencia del ofertante", en alusión a Urdangarin.

Tal y como recoge Castro en su auto, la defensa de Matas pasa por incidir en que la invitación surgió del Duque de Palma, "como si su aceptación a domicilio por todo un presidente de una Comunidad Autónoma careciera de importancia", toda vez que el imputado arguye que la finalidad del encuentro "era la contienda deportiva y sólo una sorpresiva casualidad hizo que a través de ella se llegara en uno de sus descansos al patrocinio de un equipo ciclista".

En cualquier caso, añade el juez, "aún admitiendo a efectos dialécticos lo que la realidad no es dada a ofrecer, esta mutación del orden de los factores se advierte intrascendente de cara al resultado, que es lo que en esa reunión se trató y en qué contexto se hizo".

Del mismo modo, ante la crítica de Matas de que en el auto recurrido no se niega que los llamados Illes Balears Forum acabaran celebrándose ni se afirma que su precio fue desproporcionado con el del mercado -costaron 2,3 millones de euros públicos-, Castro responde a lo primero que "consta que aquéllos, o algo que se les pareciera, efectivamente tuvieron lugar", y señala sobre lo segundo que ningún estudio de mercado "se molestaron en recabar quienes entonces administraban los fondos públicos".

"SE BURLARON" LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

"Lo que sí se dice", asevera Castro, "es que los convenios se concertaron buscando la manera de burlar las normas sobre contrataciones del Sector Público, que el precio no fue fruto de ninguna negociación entre las partes sino una clara imposición del concertador privado [el Instituto Nóos], que no vino precedido ni seguido de ningún estudio de mercado y que ni los representantes políticos de entonces le exigieron una rendición de cuentas".

Mientras tanto, en relación con Gonzalo Bernal, quien alegó en su recurso que su actuación venía justificada "porque fueron otras personas las que hicieron un uso desviado de la Fundación Illesport", el juez rebate que "ocasiones ha tenido para desvelar quiénes fueron aquéllas, qué concretas órdenes le impartieron y en qué circunstancias las disfrazaron de legalidad".

En concreto, sobre Torres y su mujer pesan delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa,falsedad y un delito fiscal, mientras que Matas y Bernal están imputados por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.