Rajoy recuerda que no puede pedir a fiscales o jueces que cambien sus penas a sindicalistas

Así se ha pronunciado durante la sesión de control en el Pleno del Congreso tras ser preguntado por Cayo Lara acerca de su posición con relación a la "petición de la Fiscalía de 120 años de cárcel para sindicalistas y trabajadores que ejercieron su derecho de huelga frente a las reformas laborales".

"Yo no puedo dar órdenes ni a la Fiscalía ni a los jueces de cómo cumplir su trabajo. El Gobierno no puede intervenir ni en la petición de penas del fiscal ni en la decisión del Poder Judicial, porque tiene que respetar las funciones de cada uno con arreglo a lo que le es propio al Estado de Derecho. Yo respeto a la Fiscalía y a los tribunales", ha dicho el presidente.

En este sentido, ha recordado que el artículo 124 de la Constitución prevé que la Fiscalía promueva la acción de la Justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses tutelados por la ley", mientras que el artículo 315 del Código Penal establece las penas que la Fiscalía "es libre de solicitar" y que el juez debe "moderar conforme a la gravedad de los hechos juzgados".

SE PUEDE CAMBIAR LA LEY

A renglón seguido, ha recordado que su único margen de maniobra en este tema es "promover que se modifique una ley y se traiga" al Congreso, algo que tampoco puede hacer unilateralmente porque cuenta "con un voto". "Igual que usted", ha espetado al líder de la coalición de izquierdas.

Rajoy también ha recordado a Lara que el artículo 315 "lleva vivo muchísimos años", ya que se aprobó en 1995 con el voto de la izquierda, y le ha instado además a "plantear" los indultos que crea necesarios porque "tiene perfecto derecho a hacerlo", tal y como corresponde a un "Estado de Derecho". "Y el Gobierno los resolverá de acuerdo con los criterios con que se resuelvan y teniendo en cuenta los informes de los fiscales o los jueces", ha apostillado.

Por último, el presidente ha exigido al dirigente de IU que diga "la verdad" sobre las penas solicitadas por la Fiscalía para los sindicalistas, ya que el máximo de cárcel recogido en la ley son 3 años y no 120 años, que es "la suma total de las penas que se piden para muchísima gente".

Y, además, ha rehusado responsabilizarse de unos casos que, "en su mayor parte", se produjeron antes de que el PP ganara las elecciones, y que corresponden a "sentencias de 2010 y 2011". "Por tanto, responsabilidades las tendrá quienes las tengan, pero este Gobierno no es responsable de lo que usted pretende imputarnos", ha zanjado.

NO SE PERSIGUE A QUIENES IMPIDEN LAS HUELGAS

Por su parte, Lara ha recriminado que la Fiscalía pida cárcel para "sindicalistas por ejercer su derecho constitucional a la huelga", sobre todo por ser España un país "cuyo Gobierno ataca directamente derechos de los trabajadores en favor del sector financiero y especulador" con medidas "tan brutales" como la reforma laboral, lo que hace "lógico que la gente se movilice y proteste contra los atropellos".

"Es irracional que el Estado pretenda frenar la legítima protesta social con medidas represivas y con el Código Penal, intentando silenciar al sindicalismo de clase. Muchos españoles no entienden que mientras a los trabajadores en huelga se les aplica el Código Penal, a determinados empresarios acusados de coaccionar a los trabajadores para no ejercer sus derechos se les apliquen sanciones administrativas", ha reprochado el diputado.

En este punto, ha citado un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) según el cual en la huelga convocada contra la reforma laboral del PP "fueron más los trabajadores que no secundaron la huelga por la amenaza empresarial que los que sí lo hicieron por la influencia de los piquetes informativos". "Esto demuestra que el piquete más coactivo es el que ejercen quienes dicen que si se secunda la huelga se te despide", ha insistido.

Y ha recomendado al Ejecutivo que inste al Ministerio Fiscal, al del Interior y al de Justicia a "actuar frente a quienes cometen fraude, llevando recursos a paraísos fiscales", y no contra los trabajadores que "defienden sus derechos".

TAMPOCO ES COMPETENCIA DE INTERIOR

Similares argumentos ha utilizado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al ser preguntado por el socialista Antonio Trevín por este mismo asunto. "No debe dirigirse al ministro del Interior sobre eventuales conductas penales, porque el Poder Judicial es independiente, hay división de poderes en nuestro país", ha recordado el dirigente 'popular'.

Además, también ha señalado que los hechos corresponden a anteriores legislaturas, y ha asegurado que España es "el país del mundo donde el derecho de reunión y manifestación se ejerce con más libertad y frecuencia", recordando que en 2012 hubo 37.000 manifestaciones --sin contar el País Vasco y Cataluña--, el año pasado 33.000 y en la primera mitad de este ejercicio, 18.000.

Y ello sin que los detenidos por hechos ocurridos durante las huelgas se haya incrementado sustancialmente. Según sus datos, en el último paro general ocurrida con el Gobierno socialista, en septiembre de 2010, se produjeron 126 detenidos, mientras que en la que se convocó contra el Ejecutivo del PP se registraron 125. "No hay demasiadas diferencias", ha asegurado.

Con respecto a las "nuevas instrucciones" que, según Trevín, se ha dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para actuar en este tipo de situaciones, Fernández Díaz ha asegurado que no se han dado tales órdenes y que la Policía sigue teniendo las mismas funciones que le atribuye la Constitución: "garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y garantizar la seguridad ciudadana".

"La formulación de su pregunta es un disparate, porque parece que se informa usted a través de confidenciales", ha añadido el ministro, espetando al portavoz socialista que hace unos meses también preguntó por unos supuestos relevos que habían tenido lugar en la Policía y que "sólo se habían producido en los confidenciales". "Le ruego un poco de rigor", ha zanjado.

EL ESPAÑOL ES MUY DE QUEVEDO

Sin embargo, Trevín le ha recordado que los españoles son "muy de Quevedo", que escribió que "no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo", y ha insistido en que "los derechos constitucionales de manifestación y huelga están siendo sustituidos por el derecho a la tranquilidad", que "viene de tranca, según el viejo aforismo Franquista".

Así, ha lamentado que entre 2011 y 2012 las multas en España hayan subido un 500% --y hasta un 900% en Madrid, donde en 2011 se pasó de 57 a 516, registrándose más que en el resto del país--, y que en los últimos dos ejercicios se haya sancionado a 3.200 ciudadanos, a los que se reclama "más de medio millón de euros", además de hasta 120 años de prisión en algunos casos.

"¿No le parece un disparate el aumento de multas y condenas a prisión?", ha preguntado el diputado asturiano, subrayando que el intento de "disuadir" a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos contrasta con el "blindaje policial" ofrecido al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en su entrada al Juzgado.

Un comportamiento que, a su entender, se debe al deseo del Gobierno de "desprestigiar" y "debilitar" a los sindicatos, haciéndolos "prescindibles", a pesar de que eso "erosiona la calidad democrática".