Actualizado el 27/06/2014 16:07 Compartir
Así lo han informado a Europa Press fuentes del Govern, que han precisado que los servicios jurídicos de la Comunidad presentarán su escrito de calificación en el plazo de veinte días que Castro ha otorgado para ello.
En sus escritos, las acusaciones determinarán las personas que deberán sentarse en el banquillo y las penas que solicitarán para cada una, y pedirán que se abra juicio oral contra las mismas, lo que deberá acordar Castro a través de un auto que ya no será recurrible.
En concreto, se encuentran personados, además del Govern balear, la Abogacías del Estado y la Abogacía General de la Generalitat Valenciana como acusaciones particulares, así como Manos Limpias, PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia como acusaciones populares.
En el caso de Baleares, el juez Castro ha acordado mantener la imputación del expresidente Jaume Matas por delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, los mismos que pesan sobre el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.
Las pesquisas en lo que a las islas se refieren, se han centrado principalmente en el destino que se dio a los 2,3 millones de euros que el Ejecutivo de Matas destinó a los dos foros de turismo y deporte celebrados en 2005 y 2006 en Palma. Más en concreto, el Govern sufragó el primero de los eventos con 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones.
Se da la circunstancia de que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a estos fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
El informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.
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