La Infanta, a las puertas del juicio tras dos años y medio de investigaciones en torno a Aizoon

La Infanta Cristina continúa estando imputada más de dos años y medio después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa de Palma es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

Pese a que las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. El hecho de que la hija de Don Juan Carlos figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial por razones de antigüedad, dio un nuevo paso en el marco del caso Nóos al imputar por segunda vez, el pasado mes de enero, a la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía.

Sin embargo, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 8 de septiembre de 1966), no comparte las tesis que sostiene el magistrado para justificar el encausamiento de Cristina de Borbón.

De hecho, uno de los puntos en los que divergen juez y fiscal se encuentra en la interpretación que cada uno hace del reparto fiscalmente opaco de dividendos que llevó a cabo Aizoon y el hecho de que los Duques dispusieran directamente de los fondos de la empresa para atender gastos estrictamente personales.

Según Castro, esta circunstancia genera un doble efecto fiscal defraudatorio: por una parte, el que el matrimonio no tuviera que tributar estos gastos en el IRPF -"no lo hicieron nunca, con lo que consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública"- y, por otra, la minoración de la base imponible del impuesto de sociedades, al no computarse como reparto de beneficios de la empresa, contabilizando las cantidades como gastos de explotación de la propia mercantil.

Sin embargo, a juicio del fiscal, el hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que concluir que los Duques defraudaron doblemente al fisco "es radicalmente errónea" y, en todo caso, "penalmente irrelevante".

INVESTIGACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS E INMUEBLES DE LA INFANTA

A lo largo de ocho meses se llevó a cabo una intensa investigación que conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha evitado que el juez Castro quiera llegar al fondo del asunto con la imputación de la hija de Don Juan Carlos.