Actualizado el 12/03/2014 07:10 Compartir
El PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU han apoyado esta iniciativa para exigir al Gobierno que cumpla su palabra y asuma el mandato que plasmó en la polémica ley de tasas al vincularla con la financiación de la justicia gratuita. El Ejecutivo recaudó 300 millones en 2013 con cargo a estos gravámenes, pero las comunidades "no han recibido ni un solo euro" y la oposición pregunta "a dónde ha ido el dinero".
La diputada del PP Beatriz Escudero ha recordado que el Ministerio de Justicia se comprometió con las comunidades en la conferencia sectorial del pasado diciembre a asumir el sobrecoste generado por la ampliación de la justicia gratuita y que en esa línea se está trabajando.
El portavoz del PNV en materia de Justicia, Emilio Olabarria, ha sido el encargado de defender su iniciativa y de exigir al ministro Alberto Ruiz-Gallardón que "cumpla su palabra" y destine a las comunidades autónomas con las competencias transferidas la parte proporcional que les corresponde.
"Es lo que prometió el ministro y lo que, hasta el día de hoy, ha incumplido", ha afirmado Olabarria, que ha criticado que al ministro "se le llene la boca" justificando las tasas en la necesidad de sustentar la justicia gratuita, cuando lo cierto es que no ha destinado "un solo euro" a la misma.
El diputado vasco ha denunciado el "expolio" a las comunidades que prestan este sistema y ha apoyado la enmienda del PSOE al considerar que la polémica ley de tasas es "inconstitucional" por sus "perversos efectos" para el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
El diputado del PSOE Antonio Camacho ha presentado la enmienda de su grupo para derogar la ley de tasas y, mientras no se anulen, librar sin más demora la recaudación que les corresponde a las comunidades que soportan la justicia gratuita. "Desconocemos hacia dónde van unos ingresos que, al mismo tiempo, atentan a la tutela judicial efectiva", ha agregado.
El socialista ha alertado de la "grave patología" que se produce cuando la propia oposición tiene que instar al Gobierno a dar cumplimiento a esta controvertida ley, que recoge en su artículo 11 la vinculación entre ambos servicios. "Es su obligación, lo único que pedimos es que asuma su responsabilidad", ha remachado.
La portavoz de UPyD, Rosa Diez, también ha apoyado la iniciativa de la formación vasca para el "reparto del botín de las tasas, que no tienen otro objetivo que recaudar dinero" y se aprobaron bajo el "argumento falaz" de soportar la justicia gratuita.
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha advertido de que las tasas han "desplomado" la protección de los ciudadanos ante la Justicia y se han convertido en un "negocio ruinoso" para el Gobierno. "Al final, no ha ido un euro a nadie. Estamos ante una gran estafa del Gobierno que ha provocado la ruptura de la igualdad de todos los ciudadanos", ha añadido.
Desde CiU, el parlamentario Jordi Jané también ha apoyado la iniciativa de la formación nacionalista vasca porque es un "imperativo legal" transferir a las comunidades la parte de la recaudación de las tasas que corresponden al peso que asumen al prestar el servicio de justicia gratuita.
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