El TSJC admite personarse a uno de los centros afectados por el 25% de castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido el escrito presentado por la Escola Pia Sarrià de Barcelona, una de las cuatro escuelas de la Fundació Escola Cristiana afectadas por la obligación de impartir el 25 por ciento de clases en castellano, para personarse como parte de la causa y congelar la ejecución de la resolución, han informado a Europa Press fuentes del sector.

La respuesta, notificada el viernes, es la primera de las cuatro que se espera del tribunal catalán, y en la medida que abre la posibilidad de personarse a la titularidad del centro deja en suspenso provisionalmente la aplicación del 25 por ciento de castellano en el horario lectivo, cuyo plazo culminaba alrededor del 8 de marzo, han sostenido las mismas fuentes.

Estas cuatro escuelas --de las cinco totales afectadas-- presentaron un escrito el 17 de febrero ante el TSJC al considerar que los propietarios de los centros son las titularidades y no los directores, a quienes se dirigía el tribunal catalán para que ejecutaran los autos, motivo por el que solicitaron ser parte del proceso para poder defenderse.

Precisamente, la tarde de este lunes los directores de los centros afectados han tenido una reunión extraordinaria en la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, a la que ha asistido la consellera Irene Rigau para analizar la situación.

En el encuentro, han analizado el impacto que las respuestas del TSJC pueden tener en el calendario la aplicación o suspensión de las interlocutorias, han precisado fuentes de Enseñanza.

La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del TSJC emitió, a fecha de 30 de enero, varios autos en los que obligaba a la Generalitat a fijar que el castellano estuviera presente en el 25 por ciento del horario lectivo para garantizar su presencia mínima como lengua vehicular en "el colegio, el curso y la clase de referencia" de los alumnos escolarizados en cinco centros catalanes.

Los autos daban respuesta a los recursos de cinco familias que exigían medidas a la Generalitat para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos, y el TSJC consideraba que el Govern no las había cumplido debidamente.