Torres pide que la fianza civil se ajuste a su condición de 'partícipe' en los hechos investigados

El exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, ha presentado un escrito ante el juez José Castro en el que solicita que la fianza de responsabilidad civil que pesa sobre ambos imputados se ajuste a su condición de "partícipe" en el presunto desvío de fondos públicos investigado en esta causa, y no como autor responsable de los supuestos delitos que se encuentran bajo lupa judicial en el marco del caso Nóos.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Torres niega "con absoluta rotundidad" que los hechos que se imputan a su patrocinado sean constitutivos de infracción penal alguna, si bien precisa que, de serlo, deberían serle atribuidos "a título de partícipe", condición con la que vería reducidas tanto su responsabilidad penal o criminal en el marco de estas pesquisas, así como la civil o económica que se derivase de las mismas.

El letrado de Torres asevera de este modo, amparándose en el artículo 116 del Código Penal, que el régimen de prioridades establecidas en este precepto a la hora de reclamar responsabilidades pecuniarias a los imputados otorga a su defendido una condición "subsidiaria" frente a la de los posibles autores de los hechos, en referencia velada a Urdangarin, de modo que debería ser éste quien de forma principal hiciera frente a la fianza impuesta por el juez.

Y es que el encausado expresa su disconformidad con la fianza decretada en su día por el magistrado, que ascendía a un total de 8,2 millones de euros, posteriormente reducidos a 6,1 millones tras ser descontado el IVA, al insistir que los hechos "carecen de relevancia penal, al menos en lo que alcanza a mis representados", en alusión a Torres y a su mujer, Ana María Tejeiro.

Precisamente, con motivo del impago de esta caución, el juez Castro acordó a principios de este mes el embargo de la mitad indivisa de siete inmuebles ubicados en Sant Cugat del Vallés, Mataró, Mahón y Palma, inscritas tanto a nombre de Torres como de varias empresas investigadas en la trama -Intuit Strategy Innovation, Virtual Strategies, Shiriaimasu y Nóos Consultoría Estratégica-.

Junto a estas propiedades, el magistrado decretó el embargo de la mitad del 'palacete' de Pedralbes, propiedad al cincuenta por ciento de la Infanta Cristina y Urdangarin, así como de otras tres viviendas, dos trasteros y dos garajes situados en Palma y Terrassa, e inscritos a nombre de la mercantil Aizoon, titularidad también de los Duques e investigada por haber servido al matrimonio para presuntamente blanquear fondos y defraudar a Hacienda.

La incautación de todos estos inmuebles permite de este modo cubrir la caución reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Tanto Urdangarin como Torres recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento".

En su auto de responsabilidad civil, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".

URDANGARIN Y TORRES NO FUERON LOS ÚNICOS CRIMINALMENTE RESPONSABLES

Es por ello que afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" de los hechos investigados, reprochando en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

De hecho, el magistrado aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".