Actualizado el 10/10/2013 16:54 Compartir
El Gobierno espera que la aprobación definitiva de la LOMCE tenga lugar a finales de noviembre o comienzos de diciembre, de nuevo en el Congreso de los Diputados, para poner en marcha las primeras medidas a partir del curso que viene, 2014-2015.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que ha participado en el debate del texto normativo en el Pleno, y ha asistido a la votación del mismo, ha manifestado su deseo de que la LOMCE "sume más apoyos" en el Senado, donde espera que haya una disposición al diálogo "constructiva".
Wert ha negado que el Gobierno quiera con la LOMCE acabar con la escuela pública, eliminar competencias de las comunidades autónomas, atacar el principios de igualdad de oportunidades o de querer acabar con las lenguas propias de las comunidades autónomas, tal y como le han reprochado los grupos de la oposición. En este sentido, ha asegurado que se trata de la primera normativa que otorga a las lenguas cooficiales el mismo tratamiento que el castellano.
La mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios advertido al ministro de que la ley "nace muerta" y le han reprochado "falta de diálogo" con las fuerzas políticas y la comunidad educativa, una parte de ella representada en la tribuna de invitados con las reivindicativas 'camisetas verdes' en defensa de la escuela pública. Al término del debate, varios diputados se han fotografiado con representantes de esta organización a las puertas de la Cámara baja.
PSOE, PNV, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Coalición Canaria, Amaiur, ERC, BNG y Geroa Bai han renovado su compromiso este jueves de derogar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria, mediante la lectura de un texto consensuado con el que han denunciado que el proyecto no ha incluido "cambios sustanciales", pese a las once enmiendas a la totalidad y 770 parciales.
La LOMCE supone la modificación de la actual LOE, aprobada por el Gobierno socialista en 2006. Entre las novedades de la nueva normativa, destaca la introducción de evaluaciones nacionales al final de cada etapa, diseñadas por el Gobierno. Además, las asignaturas estarán agrupadas en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración. El horario y currículo de las primeras lo definirá el Ejecutivo, mientras que las comunidades autónomas se encargarán de las específicas.
La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se elimina del currículo y se crea Valores, una alternativa a la materia de Religión, que también será calificada. Además, blinda los conciertos a los centros de educación diferenciada y propone una mayor autonomía de los centros, cuyos directores tendrán que ser acreditados.
Al texto del Gobierno se presentaron un total de 770 enmiendas parciales y dictamen de la normativa se incluyeron en fase de ponencia las 42 presentadas por el Grupo Popular, así como otras 13 propuestas de Foro de Asturias, BNG y UPN, a las que se suman 21 pactadas con UPyD, UPN, Foro de Asturias, ERC y Coalición Canaria en la última Comisión de Educación.
De las enmiendas aceptadas por los 'populares' destacan dos de UPyD. La primera de ellas, refuerza en el articulado del proyecto el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de todo el Estado, que ha provocado el rechazo de los grupos nacionalistas; y la segunda dota al profesorado de la condición de autoridad pública.
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