La Policía entrega un informe en torno a 500 facturas de hasta 5.000 euros sobre la reforma de Pedralbes

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares ha entregado esta semana al juez instructor del caso Nóos, José Castro, un informe en el que analiza unas 500 facturas expedidas por Aizoon -de la que son copropietarios los Duques de Palma- por encargos a distintos proveedores que llevaron a cabo la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido como palacete de Pedralbes.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que en general la cuantía de cada factura analizada oscila entre los 1.000 y los 5.000 euros, si bien ahora el Juzgado debe dirimir si las cantidades, relativas a un total de cinco años, son susceptibles de ser tipificadas como un delito de blanqueo de capitales.

En cualquier caso, según las mismas fuentes, por el momento la Policía ha analizado el 30 por ciento de la totalidad de facturas que restan por estudiar (unas 4.000), respecto a las cuales también informarán más adelante al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

En concreto, fue a finales de julio cuando el magistrado dictó una providencia mediante la cual libró un oficio a la Jefatura Superior a fin de que impulsase una investigación en torno a los proveedores de la empresa Aizoon y otros que nada tengan que ver con las actividades de esta mercantil, que se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente para defraudar a Hacienda.

La Audiencia Provincial de Baleares ha llegado a apuntar los Duques se habrían beneficiado, como socios de la mercantil, de los ingresos procedentes de Nóos. Los investigadores apuntan a que el Duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).

Sobre el palacete de Pedralbes, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, entregó recientemente al juez el proyecto económico-financiero con el que contaban los Duques de Palma de cara a la adquisición de la vivienda, y que revela el pago de letras mensuales de 14.500 euros, previa suscripción de una hipoteca de 2,3 millones de euros a treinta años. En él figura asimismo incluido como "donación" el préstamo de 1,2 millones de euros que el Rey Don Juan Carlos transfirió a su hija en el año 2004.

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LOS DUQUES PARA ADQUIRIR LA VIVIENDA

En concreto, las previsiones del matrimonio para la compra de la vivienda barcelonesa aparecen reflejadas en varios escritos que Iñaki Urdangarin pidió enviar a un funcionario del Cuerpo Superior de Gestión Catastral, y que ahora han sido entregadas a la causa por su exsocio.

Así, el proyecto indica que el precio del inmueble ascendía a un total de 5,7 millones de euros, mientras que contemplaba obras de reforma por valor de 600.000, de modo que el coste global al que preveían hacer frente se elevaba a los 6,3 millones de euros. De este modo, para abonar el precio los Duques contaban, según los documentos, con los ahorros de los que disponían tanto la Infanta Cristina como Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros, así como con la venta de un piso por 1,7 millones.

Entre los ahorros, el proyecto recoge la "donación" de 1,2 millones, los ahorros de la Infanta de 276.468 euros, los de su marido de 629.815, los 66.000 euros con los que la hija del Rey contaba en su cuenta corriente, los 57.000 de los que disponía Urdangarin, y los 80.000 que tenían depositados en su cuenta conjunta.

De este modo, con la suma de los ahorros de ambos y la venta del piso les quedaba por pagar un total de 2,3 millones de euros, para lo cual formalizaron una hipoteca a 30 años y un 3,5 por ciento de intereses que arrojaba cuotas mensuales de 14.500 euros y anuales de 174.000. Asimismo, figura en el documento una previsión de gastos de unos 5.000 euros al año y de 1.200 en favor del Catastro.