MÉS reclama el uso público del Palacio de Marivent y pide que se investiguen las posibles irregularidades

El Grupo MÉS reclama el uso público del Palacio de Marivent y pide que se investiguen las posibles irregularidades en la gestión de la residencia estival de la Familia Real en Palma de Mallorca, de forma que insta al Govern a tomar las medidas "necesarias" para esclarecer si se han "derrochado" dinero público y, si es así, reclamar que se devuelva.

Así lo ha manifestado la coalición en un comunicado, tras conocer la imputación de quien fuese conseller de Presidencia en el último Govern del Pacte (2007-2011), Albert Moragues, quien deberá comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, en relación con las presuntas irregularidades cometidas en el marco de la contratación de una empresa para la limpieza y mantenimiento del Palacio de Marivent.

En esta línea, MÉS ha manifestado su apoyo a la investigación judicial, al tiempo que ha instado al Ejecutivo balear a tomar las medidas "necesarias" para que se investiguen las presuntas irregularidades y, si es el caso, se persone en el caso como acusación particular para reclamar que se devuelva el dinero público que se haya podido "derrochar".

Asimismo, MÉS ha instado al Govern a actuar para recuperar el Palacio de Marivent en beneficio de los ciudadanos de las islas y, en esta línea, ha recordado que el Palacio de Marivent es responsabilidad del Ejecutivo balear como sucesor de la Diputación Provincial, que en el año 1966, la recibió por donación de la Anunciació Marconi Taffani, viuda del pintor Joan de Saridakis.

Concretamente, ha apuntado que la constitución de la Fundación Pública Museo de Arte Saridakis tenía como finalidad establecer un Museo de Arte abierto al público, servicios culturales y de enseñanza y centro de adiestramiento artístico complementario.

En este sentido, ha explicado que en el año 1973, la Diputación cedió el uso del Palacio a los entonces príncipes, Juan Carlos y Sofía y, desde entonces, ha tenido el carácter de residencia privada de la Familia Real, lo cual supuso el cierre del Museo al público y, por otra parte, "las consecuencias favorables de la presencia del jefe del Estado en la isla, con un cierto uso oficial para recepciones y entrevistas con personalidades estatales e internacionales".

Sin embargo, MÉS ha indicado que hoy, las circunstancias sociales, económicas y políticas, a las que "no resulta ajena la institución de la Corona, a las cuales se suman las investigaciones sobre posibles irregularidades en la gestión del mantenimiento del palacio, recomiendan una reconsideración del uso, con objeto de volverlo a poner a disposición de los ciudadanos, con usos artísticos y culturales y que permita que el Govern deje de aportar los 1,5 millones de euros públicos anuales para la residencia estival de los monarcas".