EM-EU apuesta por una gestión 100% pública e integrada del agua en Menorca

El cabeza de lista de Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EM-EU) al Consell Insular de Menorca, Juanmi Gomila, y el número tres de la formación, Pablo Jiménez, han presentado este jueves su propuesta de un pacto social por l gestión del agua, "un compromiso para que sea pública, integrada y participativa", así como para defender y cumplir una serie de principios fundamentales para que sea "real y efectiva".

Desde EM-EU han recordado que el abastecimiento de agua es un derecho humano universal esencial reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por ende, han defendido que su calidad, disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y acceso individual y colectivo deben ser garantizados como derechos inalienables e inviolables de las personas. Por ello, consideran que debe ser regulada con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de los principios de igualdad, equidad y no discriminación.

Gomila ha avanzado en este sentido que, entre otras medidas, EM-EU defiende la implementación de la gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias, aplicando un sistema de recibo por padrón, consistente en cobrar en función de los ciudadanos empadronados por vivienda.

Para ello han precisado que se debe garantizar una dotación mínima, el valor de la cual debería concretarse (en el contexto mundial se estima entre sesenta y cien litros por persona y día), y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificado socialmente.

Asimismo, la formación izquierdista ha abogado por una gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva sociológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.

Al respecto, Juanmi Gomila ha afirmado que "desde EM-EU velaremos por la titularidad pública del sistema general del agua con el objetivo de que sea cien por cien pública y comunitaria".

Por su parte, Jiménez ha defendido la necesidad de una gestión integrada y ha manifestado que "el actual Plan Hidrológico agrava la situación actual porque favorece el uso abusivo del agua (hasta un 80 por ciento) por parte de la agricultura y la ganadería intensivas y fía las futuras carencias del agua únicamente a las soluciones tecnológicas extremadamente caras como desaladoras y potabilizadoras, en vez de buscar otras soluciones más económicas como la racionalidad del consumo por parte de todos los sectores económicos y el impulso de programas de sensibilización ciudadana".

Por otra parte, EM-EU ha defendido el incentivo de líneas de ayuda para la conversión agraria hacia el modelo extensivo, líneas de conservación para circuitos cerrados en las industrias, así como de eficiencia y ahorro en establecimientos turísticos y líneas de apoyo a la mejora de la canalización y distribución del agua.