La FAMPA de Menorca interpone una querella contra Bauzá, Camps y Estarellas

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA) de Menorca ha interpuesto una querella contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps y el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, por comisión de unos presuntos delitos de prevaricación, desobediencia e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, según han asegurado este lunes a través de un comunicado.

La querella fue presentada el pasado viernes y, según indican, el acuerdo para emprender estas acciones legales se fraguó en el seno de las asambleas de padres y madres que se llevaron a cabo durante los pasados meses de septiembre y octubre.

Inicialmente, la FAMPA, las asociaciones de padres y madres implicadas y diversos padres a título personal presentaron un recurso de alzada contra la resolución del secretario autonómico de Educación, que imponía el proyecto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) en los tres institutos de Maó y en el de Ferreries.

"En aquel recurso ya se advertía que estas resoluciones vulneraban el derecho fundamental que asiste a padres y madres a participar en la gestión y el control de los centros educativos"; han señalado desde la Fampa. Sin embargo, todos los recursos fueron rechazados en diciembre.

De acuerdo con el escrito de interposición de la querella, la imposición de los proyectos de TIL contra el parecer de los consejos escolares de los centros podría constituir un delito de impedimento en el ejercicio de derechos cívicos: "de acuerdo con el artículo 524 del Código Penal, este delito es punible con la inhabilitación para cargo público por un tiempo de entre uno y cuatro años".

EXPEDIENTES A DIRECTORES

La querella se refiere también a la apertura de expedientes disciplinarios a los directores de los tres institutos de Maó, basada también en la interpretación desviada del artículo 20 del Derecho de TIL e impulsada de nuevo por Estarellas.

"En este caso, se considera que la actuación contra los directores perseguía únicamente represariarlos políticamente e intimidar al resto de la comunidad educativa, haciendo un uso arbitrario de las protestas administrativas"; han indicado.

La Fampa considera que esta conducta podría constituir un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal y castigado con inhabilitación para cargo público por un tiempo de entre siete y diez años.

Por último, la querella se refiere también a la adopción, el pasado 6 de diciembre, del Decreto Ley del TIL, dos horas después de que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dejase sin efecto la aplicación del Decreto 15/2013 del TIL.

La federación cree que esta actuación podría constituir un delito de desobediencia, de prevaricación e impedimento en ejercicio de derechos cívicos previstos en la Constitución. De acuerdo con el artículo 410 del Código Penal, la desobediencia de resoluciones judiciales puede comportar la imposición de multa de tres a doce meses y la inhabilitación para cargo público de seis meses a dos años.

El encargo y redacción de la querella se ha financiado con las aportaciones voluntarias que se hicieron al efecto durante la marcha por la educación que tuvo lugar el pasado 13 de octubre. Además, se inició una campaña de micromecenazgo para conseguir el dinero necesario para sostener el pleito.