Actualizado el 22/01/2026 17:33 Compartir
Los resultados del informe de Oceana ponen de manifiesto una laguna legal que limita la capacidad de las autoridades para supervisar de forma efectiva la participación de ciudadanos y empresas españolas y europeas en buques con bandera extranjera. Esto genera riesgos que les podría permitir evadir controles, ocultar la propiedad real de las embarcaciones y, potencialmente, lucrarse de actividades ilegales o ambientalmente insostenibles, pese a la política de tolerancia cero de la UE frente a la pesca ilegal.
“España es una potencia pesquera a nivel global y ha desarrollado uno de los sistemas de control pesquero más avanzados del mundo. Ese liderazgo debe extenderse también a la supervisión de las actividades internacionales de sus ciudadanos y empresas. No puede existir un doble rasero: hay que garantizar que nadie se esconde tras banderas extranjeras para eludir las normas europeas”, señala Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa.
Ciudadanos y empresas españolas registran con frecuencia buques pesqueros en países considerados banderas de conveniencia. Estos estados suelen facilitar estructuras de propiedad complejas y poco transparentes, incluidas sociedades ficticias en jurisdicciones laxas. Dichos países suelen ocultar la identidad de los propietarios reales de las embarcaciones y llevar a cabo actividades que no cumplen con la legislación europea.
España es el país europeo que concentra con diferencia más buques vinculados a países de riesgo de pesca ilegal, seguido por Portugal y Lituania. Las banderas más utilizadas por estas empresas españolas son las de Senegal y Panamá, (ambos países con ‘tarjetas amarillas’ de la UE por su inacción en materia de pesca ilegal). Además, muchos de estos buques desembarcan en Ecuador, también sancionado por la UE, antes de que los productos pesqueros lleguen a los mercados de cualquier parte del mundo.
Dado que los Estados miembros, incluido España, no exigen a sus ciudadanos o empresas declarar sus participaciones e intereses financieros en buques con bandera extranjera, estos vínculos permanecen en gran medida invisibles para las autoridades, lo que permite que los beneficios de actividades potencialmente ilegales acaben en Europa sin ser detectados.
Por ello, Oceana exige a España que:
Antes de la próxima conferencia ‘Our Ocean’ en junio, así como del primer aniversario del anuncio del Pacto por los Océanos, en el que la UE se comprometió a abordar el reto de las banderas de conveniencia y a garantizar la transparencia sobre la propiedad efectiva de los buques, Oceana pide a España que adopte medidas que garanticen que las autoridades pueden identificar y supervisar adecuadamente la participación de sus ciudadanos y las empresas en buques con bandera extranjera, especialmente en contextos de riesgo elevado de pesca ilegal.
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