ClientEarth y Oceana demandan a las autoridades españolas por su inacción ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental

Las organizaciones ecologistas ClientEarth y Oceana han emprendido acciones judiciales contra las autoridades españolas por no investigar ni, en su caso, sancionar a barcos de pesca españoles o a empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) durante periodos prolongados, y por no supervisar eficazmente determinadas operaciones pesqueras de empresas españolas en África Occidental. Las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental, y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal.

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE).

Nils Courcy, abogado de ClientEarth, afirma:

“Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose “a oscuras” durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude. Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos, pero se han negado a hacerlo. Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales".

Pese a la evidencia de las irregularidades denunciadas, las autoridades españolas alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal. Este supuesto vacío legal es al que se acogen las autoridades para eludir el escrutinio a empresas españolas que operan buques sin bandera española, o que faenan bajo banderas de países africanos fuera del control de las organizaciones internacionales.

Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, comenta:

“La UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo. Si lo hacen, los Estados Miembros deben identificarlos y sancionarlos, independientemente de que estos barcos estén en listas negras oficiales. La legislación española debe acabar con los vacíos legales y exigir responsabilidades a que aquellos que se benefician de la pesca ilegal en cualquier lugar del mundo.”

La propia UE reconoce el creciente riesgo de pesca ilegal en África Occidental. En mayo de 2024, la Comisión amonestó a Senegal con una “tarjeta amarilla” como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países.

ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que las autoridades pesqueras españolas se hayan negado a investigar a estos buques de bandera y/o de propiedad españolas que faenan en Senegal y Guinea Bissau.