Reunión de la Asociación de Constructores con la presidenta del Govern, Margalida Prohens

En una reunión mantenida hoy con la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, la Asociación de Constructores de Baleares, representada por su presidenta, Fanny Alba, los vicepresidentes, Bernat Llull y Climent Olives y la directora general, Sandra Verger, ha trasladado al ejecutivo autonómico las siguientes consideraciones:

Seguimos con un alto porcentaje de obras desiertas en perjuicio de todos Hemos abordado durante la reunión el problema de las obras desiertas. Durante el 2023, 91 licitaciones por valor de 69 millones de euros quedaron desiertas, como mínimo en primera convocatoria, obligando a las administraciones a revisar al alza el precio de los contratos, a veces en dos o tres ocasiones.

Por lo que respecta a la licitación de la Comunidad Autónoma correspondiente al Govern, quedaron 21 obras desiertas por valor de 37 millones. Supone el 54% del total de la inversión que ha quedado desierta. Hemos explicado al ejecutivo que esto supone un enorme perjuicio para el ciudadano porque proyectos necesarios como centros docentes, sanitarios y proyectos viarios sufren retrasos innecesarios. El último ejemplo lo tenemos con la reciente licitación desierta del nuevo colegio de Es Mercadal en Menorca donde no se ha presentado ninguna empresa.
Resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos como exige la ley y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de nuestro territorio. Por organismos, al Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 obras publicadas, 9 le quedaron desiertas, al IBAVI de 10 obras, 3 resultaron desiertas, al IBSALUT de 14 obras, 2 desiertas y por último a Ports IB, de 5 obras, 3 desiertas.

En este sentido, y para evitar la proliferación de más obras desiertas durante los próximos años, hemos reclamado al Govern que se comprometa a aplicar en todas sus licitaciones de obra superiores a un año de duración una cláusula de revisión de precios por defecto. Esto aumentaría la concurrencia de las empresas.

Desgraciadamente, los decretos de revisión excepcional de precios no han funcionado como debieran debido, principalmente, a que los ayuntamientos han sido las administraciones más reticentes a la hora de aplicarlos, puesto que han abusado en la utilización del silencio administrativo negativo.

Por otra parte, hemos solicitado al Govern que los órganos de contratación de la CAIB establezcan por defecto el porcentaje del 17% en la partida de gastos generales de sus licitaciones, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas. Actualmente, existe por ley un baremo entre el 13% y 17%, pero, por defecto, siempre se aplica el mínimo, el 13%, sin tener en cuenta el incremento de cargas burocráticas y la subida de costes en general.

Asimismo, hemos solicitado que los organismos públicos del Govern comuniquen anualmente sus planes de inversión para el ejercicio en cuestión para que las empresas contratistas también puedan planificar su trabajo.

Retrasos en la tramitación de licencias y simplificación burocrática Hemos expresado una vez más que la tramitación administrativa municipal de licencias de obra debe ser más ágil al ser las islas una de las comunidades de todo el estado donde más retrasos se produce en la tramitación con una media de 18 meses que en algunos municipios se puede alargar hasta los dos años.

Es imprescindible que el Govern dé un paso más y autorice las entidades de colaboración urbanística (ECUS). En las comunidades autónomas dónde ya está implantado, como Madrid o Valencia, se ha reducido de forma considerable el tiempo de tramitación de las licencias urbanísticas.

También hemos pedido revisar la necesidad de los informes supramunicipales que causan grandes demoras como pueden ser de Medio Ambiente, Recursos Hídricos o de la Agencia Estatal de Seguridad, entre otros. Ponemos el ejemplo del municipio de Palma que recientemente ha aprobado sustituir el trámite de autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos para todas aquellas solicitudes de licencia de obra mayor por la comprobación municipal del cumplimiento de las condiciones del Plan General y del Plan Hidrológico. Esperamos que el nuevo Decreto de Simplificación Administrativa que prepara el Govern pueda realmente ser útil para agilizar las tramitaciones y eliminar burocracia innecesaria. Vivienda e infraestructuras Ante la falta de vivienda asequible, venimos explicando desde hace tiempo que es imprescindible la colaboración público-privada. Las administraciones, por sí solas, no pueden poner en el mercado los inmuebles necesarios para acabar con la emergencia habitacional que padecemos en las islas. Por nuestra parte, es vital que se agilice toda la tramitación de suelos urbanizables que están previstos. La necesidad, en plena emergencia habitacional, es ahora y no dentro de 10 años.

Deseamos que la tramitación parlamentaria del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda suponga un impulso para poder sacar al mercado vivienda a precio limitado para los ciudadanos.

En este sentido, queremos mostrar nuestra preocupación y decepción porque la mayoría de municipios han acordado por pleno no aplicar las medidas que contempla el Decreto o lo han hecho con unas restricciones que prácticamente lo dejan sin efecto. No entendemos como en medio de una emergencia habitacional tan grave, los consistorios no deciden aprovechar al máximo el suelo construido o programado, es decir, sin consumo de nuevo territorio, para hacer vivienda a precio limitado para siempre.

En infraestructuras, hay que seguir con su avance, mejora y mantenimiento, tanto de nuestra red viaria como de obras estratégicas como son las depuradoras, si queremos ser un destino turístico competitivo y de alto valor.

Plan Renove de Maquinaría de Construcción y falta de ayudas al sector El 80% del parque de maquinaria del sector tiene más de 10 años de antigüedad. Por este motivo, es urgente acometer una renovación. Poder contar con un plan renove, así como lo tienen otros sectores, aumentaría la productividad, la sostenibilidad del sector y la creación de empleo. Por eso pedimos al Govern que establezca unas ayudas e inste al Gobierno central a crear un plan nacional dentro de las directrices del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la renovación del parque de maquinaria de las empresas con fondos europeos o incentivos fiscales. Esto contribuiría a substituir máquinas antiguas, por modelos más avanzados tecnológicamente, más seguros, menos ruidosos, más eficientes energéticamente y, por tanto, menos contaminantes. Son medidas que ya se están implementando en otros países europeos. Además, dicho plan serviría de estímulo a la transformación verde en la que el sector de la construcción es considerado como palanca por la Unión Europea en su objetivo de descarbonización y tránsito hacia un modelo de economía circular.

Hemos trasladado al Govern nuestra decepción por quedar las empresas de construcción siempre excluidas de cualquier tipo de ayudas dirigidas a la industrialización, digitalización y modernización de las empresas. En concreto nos referimos a la reciente convocatoria del ejecutivo de ayudas a la modernización de la estructura productiva y digital de la actividad industrial para el este año en Baleares. A nuestro entender, por el peso económico y laboral que representamos y por ser un sector clave y estratégico en la transición verde y la descarbonización, según la Unión Europea, nuestras empresas también deberían ser beneficiarias de este tipo de subvenciones, como los son otros sectores similares. Cabe recordar que diferencia de otros sectores, como el transporte de mercancías y muchos otros, la construcción no ha recibido ni recibió ayudas directas por la subida de los combustibles ni por ningún otro concepto, a pesar de las dificultades surgidas por la pandemia y la guerra de Ucrania.

Además, el sistema de revisión de precios y compensación por el alza de los materiales aprobados para los contratos públicos han resultado un fracaso, al no haber sido atendido por la gran mayoría de administraciones, obligando a las empresas a acudir a los tribunales. Según el último informe de enero de 2024 de ANCI sobre “Evolución de los precios de los materiales, la energía y la mano de obra en la construcción”:

• Los costes del sector de la construcción se mantienen en 2023 por encima de los pre-covid y su evolución es incierta.

• El incremento del índice MITMA de costes del sector de la construcción, en el bienio 2021-2022, fue superior al acumulado en los quince años anteriores. A finales de 2023, el índice se mantiene en su valor máximo

• El sobrecoste medio acumulado en las obras en ejecución en los tres últimos años, derivado del incremento de precios de los materiales y la energía, oscila entre un 12% y un 22%, alcanzándose máximos de hasta el 29%, en ciertas tipologías de obras. En Baleares hay que sumar el sobrecoste de la insularidad.

• Los índices de precios de materiales se mantienen en noviembre de 2023, aún entre un 30% y un 40% por encima de los valores pre-covid