Actualizado el 16/07/2022 19:38 Compartir
"Uno de nuestros compromisos con el transporte de mercancías por carretera es la adopción de un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria y garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo. Pues bien, coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma de Real Decreto-ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto", ha explicado Raquel Sánchez en rueda de prensa tras la reunión celebrada con la Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el miércoles por la tarde, en la que se alcanzaron varios acuerdos.
No en vano, el Comité solicitó acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de los costes. El acuerdo alcanzado en marzo comprometía al Ministerio a presentar al Comité antes del 31 de julio de 2022 el citado proyecto de ley, con el que se busca aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria.
"El Gobierno expresa de nuevo su compromiso con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes, y con medidas coyunturales relacionadas con la situación derivada de la guerra en Ucrania y sus efectos en el sector del transporte", ha explicado la ministra.
"En este escenario, entendemos necesario seguir adoptando medidas para proteger a la ciudadanía y a nuestras empresas. Porque momentos excepcionales como los que vivimos exigen medidas excepcionales que combatan la subida de precios, reduzcan nuestra dependencia energética, faciliten la transición ecológica y protejan a las clases medias y trabajadoras", ha defendido Raquel Sánchez ante los medios de comunicación.
El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. Adicionalmente, se está valorando revisar la regulación de la subcontratación en el sector para evitar una utilización abusiva de la misma y sus efectos perniciosos sobre el transportista efectivo, que ve mermada su retribución de forma injustificada por esta cuestión. También se incluirá la obligación de realizar los contratos por escrito.
En paralelo a las medidas estructurales, el Real Decreto-ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo. Así, se aprobará un crédito de unos 450 millones de euros para ayudar al sector a paliar los efectos negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible. La primera edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.
Estas subvenciones directas, que se darán por número y tipo de vehículo, incluyen como novedad que serán extensibles a los autobuses urbanos, con 950 euros de ayuda por vehículo. En los demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en la edición anterior:
Asimismo, se introducirá una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.
En el caso del ámbito competencial del Ministerio, se habilitará también una metodología y partida específica para realizar este reequilibrio durante el primer semestre de este año, así como una previsión de un nuevo reequilibrio si la situación de precios de combustible se mantiene en el segundo semestre.
El nuevo paquete de ayudas directas al sector, incluido en el Real Decreto-ley de apoyo al transporte que busca garantizar un precio justo, se suma a las medidas ya recogidas en el Real Decreto del pasado 1 de marzo y que destinaron 1.000 millones de euros para esta actividad estratégica.
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