Las dependencias de la CAIB tendrán que contratar energías renovables y hacer instalaciones fotovoltaicas

El Consell de Govern, a propuesta de la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, ha autorizado la licitación de un acuerdo marco para la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica para los edificios y las instalaciones de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y de su sector público instrumental, por un valor máximo estimado de 144,6 millones de euros en dos años, y en la que se establecen varios criterios de eficiencia energética y se aumenta el uso de energía renovable.

El actual acuerdo marco finaliza el próximo mes de diciembre, no tiene posibilidad de prórroga y, como dispone el pliego de cláusulas administrativas, en un plazo de al menos cuatro meses antes de su finalización se debe tramitar el procedimiento para adjudicar uno nuevo. El nuevo acuerdo marco tiene un valor máximo estimado de 144.606.783,53 € y una duración de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales consecutivas.

Mediante el acuerdo marco, se consigue la unificación de la contratación del suministro eléctrico para todos los puntos de suministro bajo un solo acuerdo de base y la adjudicación, también centralizada, de los contratos derivados de cada lote con un único adjudicatario por año, con lo que se logra una simplificación en el proceso y una reducción del precio. Estos tres objetivos (unificar la contratación, simplificarla y reducir el precio) justifican la contratación centralizada de esta prestación, como ya se hace desde 2013.

Este nuevo acuerdo marco avanza en una serie de medidas que ya se iniciaron en 2017, como la contratación del 100 % de la energía proveniente de energías renovables y de cogeneración de alta eficiencia y la obligación de las empresas adjudicatarias de ejecutar determinadas instalaciones de energías fotovoltaicas de autoconsumo en dependencias de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Además, este nuevo acuerdo también incorpora nuevas medidas con criterios de ahorro y de eficiencia energética, en cumplimiento de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.