
Actualizado el 06/02/2018 09:05 Compartir
La futura Ley de Lucha contra el Cambio Climático de Baleares obligará a los aparcamientos de equipamientos públicos y privados de más de 1.000 metros cuadrados y que estén ubicados en el exterior a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas antes de 2025.
La medida ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa por el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons. Con esta iniciativa el Govern prevé aumentar un 175 por ciento la producción de energía renovable en Baleares.
No obstante, la ley prevé excepciones ligadas a razones de ambientales, de impacto paisajístico, protección de patrimonio o criterios técnicos --por ejemplo, no será obligatorio equipar con placas solares aquellas zonas de sombra donde no se aprovecharía la instalación--.
Los equipamientos comerciales tendrán seis años para adaptarse, si bien en el caso de empresas que dispongan de un número muy elevado de instalaciones este plazo se podrá ampliar.
Según un estudio preliminar del Servicio de Información Territorial de Baleares (Sitibsa), se han identificado 745 aparcamientos (880.000 m2) de más de 1.000 metros cuadrados: 538 en Mallorca, 99 en Ibiza, 98 en Menorca y diez en Formentera.
Teniendo en cuenta esta cifra se podrían instalar hasta 140 MW de potencia, que generarían el 3,5 por ciento del consumo eléctrico de Baleares. Para enfatizar este dato, el conseller ha recalcado que esta potencia supone casi triplicar la del parque fotovoltaico más grande de Baleares, el de Santa Cirga, que no llega a 50 MW. Actualmente, apenas el 2 por ciento de la energía producida en las Islas es renovable.
Por Islas, Mallorca cuenta con 670.000 m2 que podrían generar 107 MW; Menorca cuenta con 100.800 m2 que podrían generar 16 MW; Ibiza tiene 99.000 m2 que generarían 15 MW; y Formentera tiene 8.300 m2 que generarían 1,3 MW.
No obstante, el conseller ha matizado que aunque un aparcamiento tenga los 1.000 m2 requeridos, la medida no implica instalar placas en la totalidad de la superficie, sino solamente sobre los estacionamientos --con las marquesinas dando sombra a los coches-- y no sobre las zonas de circulación.
Además, a partir de 2020 cualquier nueva construcción o reforma integral de un edificio industrial superior a 1.000 m2 de ocupación en planta (o 5.000 m2 de superficie construida) tendrá la obligación de instalar placas fotovoltaicas en su cubierta.
En la rueda de prensa, el conseller también ha estado acompañado por el director general de Energía, Joan Groizard, una representante de la Asociación Española de Distribuidores Autoservicios y Supermercados (Asedas), Paquita Planells, y un representante de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Francisco García.
Las patronales han manifestado su deseo de que la inversión que tendrán que realizar los establecimientos cuente con ayuda pública y han dejado claro que no se han planteado comenzar a cobrar a los usuarios por aparcar para compensar este gasto.
En todo caso, el conseller ha destacado que la inversión tendrá un retorno puesto que los titulares de los aparcamientos podrán decidir si aprovechan la energía generada para autoconsumo, la venden a terceros o crean nuevos servicios para los clientes, como puntos de recarga de coches eléctricos.
El conseller ha calificado la medida como "una iniciativa sin precedentes" en España que pone de manifiesto "el compromiso del Govern contra el cambio climático" además de "reforzar" a Baleares "como sociedad".
La iniciativa se enmarca dentro del objetivo de transición energética y descarbonización de la economía para 2050, para "arrinconar" a los combustibles fósiles, según Pons.
Asimismo, Pons ha avanzado que el 15 de febrero está convocada la Mesa de Energía, en la que se presentará oficialmente el borrador y comenzará la tramitación de la nueva Ley. El Govern prevé que pueda estar aprobada a finales de 2018.
En este contexto, a preguntas de los periodistas el conseller Pons ha recordado que tienen prevista una reunión para este 20 de febrero con el comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, para tratar el cierre progresivo de Es Murterar y la conversión de la central térmica de Mahón a gas natural.
En concreto, el objetivo es presentarle la Ley de Lucha contra el Cambio Climático y pedir el apoyo de la Unión Europea frente al Gobierno de España, que "en estos momentos bloquea el cierre de Es Murterar".
Al respecto, Pons ha confiado en que Arias Cañete "tenga capacidad para hacer reflexionar al Gobierno" sobre su negativa al cierre de Es Murterar y le haga "entender que Baleares más que nunca debe contar con el apoyo del Gobierno de España para hacer posible esta reducción" de las emisiones de gases contaminantes.
Además, el conseller ha asegurado que el bloqueo "no tiene nada que ver" con el suministro, que está "totalmente garantizado". "Baleares está preparada para hacer este cambio y no hay justificación posible para defender el posicionamiento del Gobierno de España", ha aseverado Pons.
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