El Juez condena a un exmiembro del consejo de Sa Nostra a indemnizar a la entidad con 34,2 millones de euros

El juez de lo Mercantil número 2 de Palma ha condenado al exmiembro del consejo de administración de Invernostra (de la que era titular la caja de ahorros San Nostra) Rafel Oliver a pagar al Banco Mare Nostrum (BMN) y a Innostrum División Inmobiliaria Unipersonal (antes Invernostra) hasta un total de 34,2 millones de euros euros más intereses por las pérdidas ocasionadas en una operación inmobiliaria fallida llevada a cabo en Miami.

El magistrado ha estimado así la demanda de acción social ejercitada por ambas sociedades a raíz de estos hechos, si bien absuelve al exdirector general de la entidad Pere Batle por prescripción. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares.

La demanda de acción social de responsabilidad interpuesta por BMN, en el que en la actualidad se integra Sa Nostra, se centra así a la operación inmobiliaria que realizó su filial Invernostra y que recibía el nombre de Proyecto Brickell. Su propósito era la ejecución de tres proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, en concreto en Miami y Las Vegas, para lo cual Invernostra debía invertir 50 millones de dólares.

La pretensión de la demanda pasa así por que Oliver, como administrador, restituya al patrimonio de la entidad el valor del daño causado como consecuencia de una actuación u "omisión antijurídica" en el desempeño del cargo.

La sentencia considera probada la actuación negligente por parte del condenado al señalar que el proyecto presentado ante el consejo de administración no se correspondía con la situación real del momento. Los demandados actuaron negligentemente, según el juez, al no realizar las averiguaciones necesarias sobre el mismo, abocando a Invernostra a sufrir un daño valorado en los 34,2 millones de euros.

La absolución de Pere Batle tiene su fundamento en la declaración de prescripción de la acción social ejercitada contra él, en los mismos términos que contra el condenado, debido a que la interposición de la demanda, el 29 de julio de 2013, se produjo una vez transcurridos cuatro años desde su cese efectivo como consejero de Invernostra.