El conseller Mateo reclama la financiación y las inversiones estatales pendientes para las Illes Balears en la primera Conferencia sectorial de transportes en cuatro años

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes Balears, José Luis Mateo, ha reclamado hoy en Madrid al Gobierno de España la financiación estatal pendiente para las Illes Balears en materia de transporte público, así como para infraestructuras ferroviarias y de carreteras en las islas, en la que ha sido la primera Conferencia Sectorial de Transportes convocada en cuatro años con las comunidades autónomas y que no ha contado con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El Govern balear ha insistido en las reclamaciones que viene realizando desde el inicio de la legislatura, como la recuperación de un convenio ferroviario que garantice financiación estatal para los distintos proyectos de ampliación de la red de tren y metro en Mallorca, así como la negociación de nuevos convenios de carreteras con los cuatro consells insulares, y también la financiación del transporte público en las islas prevista –y hasta ahora no aplicada- en el Régimen Especial de las Illes Balears vigente desde 2019.

El conseller Mateo, acompañado de la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha asistido a la primera Conferencia Sectorial de Transportes en cuatro años -la anterior fue en julio de 2022- y ha defendido la necesidad de contar con financiación estatal para las principales actuaciones en materia de movilidad en las islas. Así, en este sentido, ha pedido “hechos y no sólo palabras” al equipo dirigido por el ministro Puente, ausente en la Conferencia sectorial, la cual ha sido presidida por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Mateo ha expresado la “indignación” del Govern por la ausencia del ministro.

Para esta conferencia, el Govern de les Illes Balears solicitó previamente incluir en el orden del día varios puntos de especial interés para esta comunidad, teniendo en cuenta que no ha habido ocasión de tratarlos hasta ahora ni en una sectorial anterior ni tampoco en ninguna reunión con el ministro, pese a las sucesivas peticiones de mantener un encuentro con Puente.

Entre otros, el conseller Mateo trasladó el viernes pasado la solicitud formal de inclusión en el orden del día de puntos referidos a cuestiones clave para Balears como la reclamación del convenio ferroviario y de los convenios de carreteras en las islas; la financiación del transporte público; y la reclamación del despliegue y aplicación efectiva del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.

En este punto, el Govern reclama financiación para el transporte público terrestre regular de viajeros en las Illes Balears, al que el artículo 15 del REIB reconoce su carácter de “servicio público esencial” y por ello establece que, para su planificación y gestión, se “garantiza” su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta las particularidades de la comunidad y la presión turística. Sin embargo, como ha recordado Mateo, ya han pasado siete años desde la aprobación del Régimen Especial y en todo este tiempo Balears no ha recibido financiación vinculada a esta medida del Real Decreto Ley del REIB de 2019.

Asimismo, Mateo ha pedido garantizar la ayuda estatal de cara a mantener la gratuidad del transporte público en las Illes Balears en 2027, la cual se financia principalmente con fondos propios de las administraciones de las islas. En este sentido, y en relación con el programa de Abono Único promovido por el Gobierno central, uno de los asuntos tratados por el Ministerio en esta reunión, el Govern ha valorado su puesta en marcha, aunque ha lamentado la falta de información previa sobre su implantación y alcance -especialmente en el caso de las islas- y que tampoco se haya contado con las comunidades autónomas.

El conseller ha incidido además en la necesidad de avanzar, “sin excusas”, en las conversaciones para un convenio ferroviario que aporte financiación estatal a los nuevos proyectos que impulsa el Govern, como la línea de tren Palma-Llucmajor, con conexión al aeropuerto; la ampliación del tren de sa Pobla a Alcúdia; la línea de metro entre el centro de Palma y el Hospital Universitari de Son Espases; y el proyecto del tren de Manacor a Artà. En este punto, Mateo ha reiterado la petición de mantener una reunión técnica para avanzar en las conservaciones de la mesa ferroviaria entre ambas administraciones, después de que el Govern ya remitiera documentación al Ministerio a finales del año pasado y este año sobre el tren de Llucmajor, del que ya ha sido aprobado el estudio informativo de manera definitiva.

De la misma manera, el Govern también reclama los convenios de carreteras con los cuatro consells insulares, para financiar actuaciones en la red viaria de cada una de las islas, «para contar con recursos estatales para estas mejoras, con independencia de los fondos del Factor de Insularidad del Régimen Especial”, con el fin de planificar y ejecutar las inversiones necesarias para “garantizar una red viaria segura, eficiente y adaptada a las particularidades territoriales de nuestras islas”, ha recordado Mateo.

Por otra parte, en esta conferencia sectorial, el Ministerio ha incluido otras cuestiones en el orden del día, como el Plan Social para el Clima, que prevé destinar hasta 9.099 millones de euros en España entre 2026 y 2032 al transporte sostenible y la vivienda, y sobre el que el Govern reclama que también se establezcan una dotación financiera para atender las particularidades de las islas y criterios específicos en reconocimiento a la insularidad, tal y como regula el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero que no se contemplan de manera específica en este plan.

Asimismo, en la reunión entre el Ministerio y los gobiernos de las comunidades autónomas, el Gobierno central también ha abordado el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, la normativa estatal aprobada el año pasado, sobre el que el Govern de les Illes Balears también ha propuesto que tenga en cuenta el principio de insularidad y en el que ha defendido que exista una mayor representación de las comunidades autónomas.