Las Islas Baleares recibirán 13,6 millones de euros para modernizar y digitalizar la administración

La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la directora general de Función Pública, Carme Palomino, han participado de manera telemática en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, presidida por la secretaria de estado de Función Pública del Gobierno de España, Lidia Sánchez.

En la Conferencia se ha aprobado un acuerdo, con el voto a favor del Govern de les Illes Balears, para el reparto de los recursos destinados a la transformación digital y la modernización de la administración de las comunidades autónomas, provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los ejercicios de 2022 y 2023, por los cuales las islas recibirán un total de 13,6 millones de euros.

En concreto, las islas recibirán 5.702.814 € entre este año y el año que viene para políticas de modernización y digitalización de la administración, y 7.967.920 € para proyectos que se dirigen a la transformación digital en el ámbito sanitario.

En el primer caso, los objetivos serán favorecer una administración orientada a la ciudadanía, el uso de tecnologías de automatización inteligente, democratizar el acceso a los datos por parte de la ciudadanía, dotar las administraciones de infraestructuras tecnológicas y garantizar la ciberseguridad.

En cuanto al segundo bloque de recursos, incidirán en varios aspectos como la mejora de la operabilidad, el desarrollo de nuevos servicios digitales y el impulso a la analítica de datos y la explotación de la información en el Sistema Nacional de Salud.

En concreto, serán prioritarias las acciones que doten de servicios digitales los centros de salud de atención primaria, que mejoren la atención personalizada al paciente y que impulsen la transformación digital de los servicios de gestión no asistenciales.

De este modo, el Govern gestionará estos recursos enfocados a la prestación eficiente de los servicios públicos y su potencial sobre la transformación del tejido productivo, el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía.

Se pretende así hacer más accesible la administración para la ciudadanía en todo el territorio, modernizar los diferentes procesos, reforzar la capacitación del conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos y agilizar todos los procedimientos administrativos.

La consejera ha valorado positivamente este acuerdo porque «nos permite continuar reforzando los servicios públicos y favorecer que estos sean de calidad, con el fin de ayudar la ciudadanía en aquello que necesite».