Actualizado el 18/05/2026 17:38 Compartir
La Conselleria de Educació i Universitats y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han reforzado el dispositivo de control de las Proves d’Accés a la Universitat (PAU) con la incorporación de detectores de radiofrecuencia y la aprobación de un acuerdo específico sobre actos fraudulentos y sanciones. Las pruebas se realizarán los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.
El director general d'Univsersitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, y la vicerectora de Estudiantes y Proyección Educativa, Crsitina Moreno, han explicado hoy que la Comissión Organizadora de las PAU de les Illes Balears ha establecido este marco normativo con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las pruebas de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. El nuevo acuerdo regula tanto el uso de los dispositivos de detección como la respuesta ante conductas contrarias a la integridad académica.
Las faltas leves incluyen conductas puntuales como comunicarse sin autorización o mirar de manera esporádica otro examen, y comportan una amonestación verbal.
Las faltas graves incluyen, entre otras, el fraude académico, la comunicación para obtener respuestas o el incumplimiento de las instrucciones del tribunal. Estas acciones pueden suponer la calificación de 0 en el examen afectado y las demás sanciones que el tribunal considere oportunas.
Las faltas muy graves, como la suplantación de identidad, la falsificación documental o el acceso indebido a los contenidos de los exámenes, la utilización de dispositivos electrónicos de comunicación (teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores, gafas o pulseras conectadas, etc.) dentro del aula, entre otras, comportan la prohibición de continuar la convocatoria y la calificación de No Apto con un 0 en todos los exámenes de la convocatoria.
Los detectores (no inhibidores) permiten identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes. Su utilización se llevará a cabo con criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos de los estudiantes, y bajo la supervisión de los tribunales.
En caso de que se detecten indicios de dispositivos no permitidos, el personal vigilante podrá realizar las comprobaciones oportunas. Si se confirma la irregularidad, se aplicarán las medidas previstas en el acuerdo, según la gravedad.
El protocolo establece también medidas de transparencia: el alumnado será informado previamente de la posible utilización de los detectores en cualquiera de los centros y horarios, así como de su finalidad. El acuerdo también hace referencia al uso permitido de dispositivos electrónicos sanitarios y a los procedimientos específicos para estos casos justificados.
En este contexto, la Conselleria de Educació i Universitats ha aportado los recursos económicos necesarios a la Universitat de les Illes Balears para dotarla de estos dispositivos, en el marco de un refuerzo global de las garantías del proceso.
Esta aportación de la Conselleria responde a una necesidad de mayor control ante el uso de dispositivos electrónicos cada vez más sofisticados. La evolución tecnológica de los últimos años ha obligado en todo el estado a adoptar medidas preventivas frente al posible fraude académico para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
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