Actualizado el 17/10/2021 09:44 Compartir
El proyecto de ley de los Presupuestos Generales para el Estado para el año 2022 prevé una inversión de 6.036 millones de euros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), 339 millones más que en 2021, centrados en la equidad, la Formación Profesional y la digitalización. El programa más importante será el de becas y ayudas a los estudiantes, para el que se destinarán 2.150 millones de euros, lo que supone un incremento del 44% desde el año 2017.
Dentro del presupuesto del MEFP, la parte correspondiente al presupuesto nacional sube un 14% respecto a 2021, hasta los 4.383 millones de euros. A estos se suman 1.653 millones del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.
Mejorar la equidad en nuestro sistema educativo es uno de los principios básicos del Gobierno y del MEFP y así queda reflejado en el presupuesto. Por ello, pone el acento en la política de becas y ayudas, que en cuatro años ha subido un 44%, hasta los 2.150 millones de euros. El objetivo es llegar a quienes más lo necesiten y reducir el abandono escolar temprano por motivos económicos.
En la convocatoria de 2021-22, se calcula así que las becas lleguen a unos 986.000 alumnos y alumnas, lo que supondrá un crecimiento del 10% respecto a 2020-21, que contó con 896.427 perceptores. Se trata de unas cifras históricas en lo que se refiere al montante total destinado a becas y también en beneficiarios de las mismas.
Entre otras novedades, la convocatoria de 2021-22 incluye el aumento de la cuantía de la beca base para Formación Profesional Básica, de 300 a 350 euros. Esta medida se suma al aumento de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el aprobado como nota de acceso a estas ayudas, mejoras ya introducidas en la anterior convocatoria.
En materia de inclusión, la convocatoria 2021-22 incorpora al alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Para estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante esté directamente relacionado con la violencia sufrida.
"El objetivo de las becas y ayudas al estudio es garantizar el derecho a la educación de todas las personas. No solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo. Necesitamos todos los talentos y debemos poner los medios necesarios para que todos los estudiantes sigan su proceso formativo, sean cuales sean sus circunstancias", ha valorado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.
La Formación Profesional para el Empleo es el segundo programa con mayor financiación, con 1.151 millones de euros, lo cual supone un incremento del 24,46% respecto al año anterior. El MEFP asumió estas competencias en 2020, dentro del proceso de modernización de la Formación Profesional. El proyecto Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, actualmente en trámite parlamentario, diseña un único sistema que integra la formación profesional de estudiantes y trabajadores empleados y desempleados.
Por otra parte, 111 millones de euros irán destinados a la red educativa y cultural en el exterior, que se desarrolla en 49 países de los cinco continentes, moviliza a 1.260 docentes y atiende a 50.000 alumnos y alumnas. Incluye 18 centros de titularidad española de Educación Primaria y/o Secundaria y 14 agrupaciones de lengua y cultura española en 12 países que suman 365 aulas.
En Ceuta y Melilla, donde el MEFP tiene la competencia educativa, el ministerio destinará 632 millones de euros a Educación Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas y educación compensatoria. En educación Infantil y Primaria, el presupuesto en las ciudades autónomas alcanza los 193 millones de euros.
El presupuesto nacional se completa con 1.653 millones de euros del Mecanismo Europeo, del total de 4.687 millones en tres años previstos para la modernización en equidad del sistema educativo, la digitalización y el desarrollo de la Formación Profesional. Esta inversión permitirá avanzar hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible del aprendizaje, adaptado a las necesidades del alumnado.
La planificación y ejecución de las inversiones se realizará mediante programas de Cooperación Territorial con las Comunidades Autónomas. Entre otras partidas, en 2022, 120 millones irán al Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+); 333,82 millones a la creación de plazas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública para extender la escolarización de este ciclo y compensar los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico (el plan prevé la creación de 60.000 plazas en tres años); 341,5 millones irán a la transformación digital de la educación; y 206,66 millones irán al Plan de modernización de Formación Profesional.
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