El Govern alerta de la consolidación de la nueva ruta migratoria hacia las Illes Balears: más de 11.000 personas llegadas en patera en un año y medio y 880 menores acogidos

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, y la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, han comparecido este martes para explicar, con datos objetivos, la realidad migratoria que viven las Illes Balears y reclamar una mayor lealtad institucional por parte del Gobierno de España ante una situación que ya es estructural. La comparecencia responde a la falta de información oficial facilitada por el Estado sobre la evolución del fenómeno y la planificación prevista ante las llegadas irregulares, una situación que motivó que el Govern de las Illes Balears decidiera no participar en la última Conferencia Sectorial de Inmigración.

Durante su intervención, Estarellas ha defendido que «la transparencia también es una expresión de la lealtad institucional» y ha reiterado que las comunidades autónomas necesitan disponer, en tiempo y forma, de la información oficial que les permita anticiparse, planificar y dar respuesta a una realidad que gestionan diariamente. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de España continúe sin facilitar el informe sobre la situación migratoria actual ni la planificación prevista para los próximos meses, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por el Govern.

La vicepresidenta segunda ha explicado que las Illes Balears han dejado atrás un escenario en el que las llegadas irregulares eran un hecho excepcional. «Hace poco más de una década hablábamos de una treintena de embarcaciones al año. Hoy hablamos de centenares de pateras y de miles de personas llegadas cada año», ha afirmado.

Entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026 han llegado a las Illes Balears 11.055 personas en 606 pateras, una evolución que confirma la consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y las Illes Balears, identificada por Frontex como uno de los principales cambios que se están produciendo en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Solo este año, cuando todavía no ha finalizado el mes de julio, ya han llegado 3.734 personas en 205 embarcaciones.

Estarellas también ha puesto el foco en la distribución territorial de las llegadas. Mientras Mallorca ha registrado este año 519 llegadas en 29 pateras —a las que hay que sumar las 1.175 personas llegadas a Cabrera— e Ibiza ha recibido 183 personas en 10 embarcaciones, Formentera concentra la mayor presión migratoria, con 1.857 personas llegadas en 118 pateras. Esto significa que, prácticamente, una de cada dos personas llegadas este año a las Illes Balears lo ha hecho a través de esta isla.

La vicepresidenta ha advertido de que una isla de poco más de doce mil habitantes no puede asumir, por sí sola, una presión migratoria de esta magnitud y ha asegurado que «Formentera se ha convertido en una de las primeras líneas de la frontera exterior de la Unión Europea», motivo por el que ha reclamado que el Estado tenga en cuenta no solo el volumen de llegadas, sino también su impacto sobre cada territorio.

También ha señalado que esta realidad coincide con las conclusiones del último informe anual de análisis de riesgos de Frontex. Mientras las llegadas irregulares al conjunto de la Unión Europea han disminuido durante el primer semestre de 2026 y la ruta de Canarias registra un descenso superior al 67 %, la ruta del Mediterráneo occidental es la única que continúa aumentando, con un incremento del 17 %.

Estarellas también ha querido remarcar la dimensión humanitaria del fenómeno y ha recordado que detrás de cada embarcación hay personas que arriesgan su vida para llegar a Europa y organizaciones criminales que se lucran explotando esa desesperación. En este sentido, ha recordado que solo durante la última semana se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas de las Illes Balears, cuatro de ellos aparecidos juntos frente a Portocolom. La vicepresidenta ha insistido en que esta es la cara más dura de la inmigración irregular y que la respuesta debe combinar la máxima humanidad con las personas y la máxima firmeza contra las mafias que trafican con seres humanos.

Durante la comparecencia, Estarellas ha recordado que el control de las fronteras, la política migratoria y la solicitud de los mecanismos europeos corresponden exclusivamente al Gobierno de España. En este sentido, ha recordado la reunión mantenida por la presidenta Marga Prohens con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el encuentro celebrado en Bruselas con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante el cual se reclamó la activación de todos los mecanismos europeos disponibles para reforzar el control de las fronteras exteriores, entre ellos el despliegue de Frontex, cuya solicitud corresponde exclusivamente al Gobierno de España.

Finalmente, la vicepresidenta ha recordado que el Govern ha trasladado reiteradamente esta situación tanto al Ejecutivo central como a las instituciones europeas, que ya ha impulsado once recursos judiciales en defensa de los intereses de las Illes Balears y que continuará reclamando una respuesta específica para el archipiélago basada en el refuerzo del control de las fronteras, la lucha contra las mafias, la activación de todos los mecanismos europeos disponibles y una mayor coordinación, planificación y lealtad institucional entre administraciones.

Por su parte, la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, ha expuesto la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Illes Balears, el esfuerzo que están realizando los consells insulares y el Govern para garantizar su protección y atención, así como la necesidad de seguir reforzando los recursos destinados a este ámbito.

La consellera Fernández ha advertido de que la red de protección de menores de las Illes Balears atraviesa el momento de mayor presión de su historia. En este sentido, ha recordado que actualmente los consells insulares tutelan a 880 menores migrantes no acompañados, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En solo dos años se ha pasado de 306 menores en julio de 2024 a 600 en julio de 2025, hasta los 880 actuales.

Fernández también ha puesto de relieve que este esfuerzo no se ha visto correspondido con la financiación estatal. Los consells insulares prevén destinar este año entre 36 y 38 millones de euros a la atención de los menores migrantes no acompañados. En cambio, la aportación extraordinaria del Estado correspondiente a 2025 fue de 7.779.768 euros, poco más de una quinta parte del coste que hoy asumen las instituciones insulares. Además, hasta la fecha el Gobierno de España únicamente ha comprometido dos millones de euros para 2026.

En este contexto, la consellera ha lamentado que el Ministerio de Juventud e Infancia continúe impulsando nuevos procedimientos de reubicación hacia las Illes Balears. Por un lado, mantiene la propuesta de traslado definitivo de un menor procedente de Canarias, pese a las alegaciones presentadas por el Govern, que recurrirá esta decisión ante la Abogacía de la Comunidad Autónoma. Por otro, ha remitido tres nuevas propuestas de reubicación de menores procedentes de Melilla, frente a las cuales el Govern también ha presentado alegaciones. Los tres menores, además, están próximos a cumplir la mayoría de edad, lo que vuelve a poner de manifiesto la falta de lógica de una decisión que sigue incrementando la presión sobre un sistema ya completamente tensionado.

La comparecencia ha concluido con una nueva reclamación al Gobierno de España para que asuma plenamente sus competencias ante un fenómeno que ha cambiado profundamente durante los últimos años y que exige una respuesta sostenida, coordinada y adaptada a la realidad que viven hoy las Illes Balears.