El Govern establece criterios ambientales para la evaluación de proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento energético

El Govern de les Illes Balears, a través de la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, ha establecido nuevos criterios técnicos y ambientales para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en las Illes Balears, con el objetivo de garantizar un despliegue ordenado, seguro y ambientalmente responsable de las energías renovables.

Se prioriza la ubicación de las instalaciones en zonas ya transformadas o de bajo valor ambiental, como suelos degradados o áreas industrializadas, y fomenta soluciones compatibles con otros usos del suelo, como la agrovoltaica, que permite mantener la actividad agraria junto a la producción energética. Asimismo, se establecen distancias de protección respecto a núcleos de población, viviendas aisladas, masas forestales y espacios naturales, con el fin de preservar la calidad de vida, el paisaje y los valores ambientales, y minimizar impactos o las molestias acústicas.

Los criterios refuerzan también la protección de los hábitats de interés comunitario, las masas forestales y los corredores ecológicos, tanto dentro como fuera de la Red Natura 2000, y prestan especial atención a la prevención de impactos acumulativos y sinérgicos sobre el medio natural.

En relación con los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, se incorporan exigencias específicas de seguridad, recomendando su emplazamiento preferente en áreas industrializadas o integradas en instalaciones fotovoltaicas existentes y estableciendo distancias adecuadas para minimizar riesgos. Asimismo, se impulsa la aplicación de las mejores técnicas disponibles y la realización de análisis de riesgos y planes de protección.

La aprobación de estos criterios proporciona un marco técnico claro y homogéneo para promotores, administraciones y ciudadanía, facilitando la tramitación de los proyectos y reforzando la seguridad jurídica, al tiempo que se garantiza un nivel de exigencia ambiental.

Con esta iniciativa, el Govern refuerza el papel del órgano ambiental como garante de una evaluación basada en criterios técnicos y ambientales, asegurando decisiones fundamentadas en el análisis objetivo y el cumplimiento de la normativa vigente.