El Govern presenta ante el Tribunal Supremo la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados de menores no acompañados

El Govern de les Illes Balears ha presentado hoy ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender la efectividad del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la “capacidad ordinaria” del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Esta medida implica la suspensión inmediata de los traslados de menores hacia las Illes Balears que se derivarían de dicha norma.

Según el Govern, el Real Decreto presenta una nulidad manifiesta de pleno derecho, ya que fue aprobado sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, obligatorio en las normas reglamentarias que crean derechos y obligaciones "ex novo". Esto constituye una infracción clara del marco legal vigente y vulnera el principio de legalidad establecido por la Constitución.

Además, la situación del sistema de acogida de menores no acompañados en las Illes Balears es extremadamente crítica, con 700 menores acogidos en solo 76 plazas ordinarias, lo que representa una sobresaturación del 1000%. La no suspensión inmediata de los traslados provocaría un perjuicio irreversible y haría ineficaz cualquier resolución futura del contencioso administrativo, ya que los menores serían trasladados a un sistema ya saturado, degradando la calidad de la atención y vulnerando el derecho al interés superior del menor, previsto tanto en la normativa balear como en convenios internacionales.

La solicitud de medida cautelarísima se fundamenta también en la urgencia y el interés público: los traslados podrían ordenarse de manera inminente y, dado que el Gobierno de España ha declarado las Illes Balears en situación de emergencia migratoria, resulta imprescindible garantizar que los menores no sean trasladados a un sistema ya sobrecargado, preservando los servicios que aseguran sus derechos y bienestar.

El Govern de les Illes Balears destaca que esta es la primera solicitud de suspensión cautelar y que, en caso de ser rechazada por el Tribunal Supremo, presentará una nueva alegación, tal como ya se había anunciado en actuaciones anteriores.

Esta medida busca proteger el interés superior de los menores y asegurar que los servicios sociales, educativos y sanitarios puedan continuar ofreciendo atención integral a los menores ya acogidos, sin agravar la situación de saturación provocada por los traslados previstos en el Real Decreto impugnado.