Reclaman al gobierno español el derrumbe inmediato de la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez

El Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca ha registrado hoy una Proposición No de Ley instando a la Administración General del Estado a derribar de oficio la piscina ilegal del periodista Pedro J. Ramírez. Así lo recoge la propuesta impulsada por el portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Josep Ferrà, quien reclama la restitución de los espacios que ocupan, además de la piscina, la terraza y el amarre. Según Ferrà, portavoz de la formación ecosobiranista en la comisión de Medio Ambiente, la iniciativa también reclama que sea el propietario que se haga cargo de los gastos de todas las tareas de restitución.

La iniciativa de MÉS llega justo cuando el Tribunal Supremo ha puesto punto y final a la polémica e ilegal piscina que el periodista Pedro J. Ramírez ha mantenido en unos terrenos de 350 metros cuadrados situados en dominio público marítimo-terrestre en la conocida como en Costa de los Pinos, en Mallorca. Así Ferrà recordó que el Alto Tribunal no admitió el recurso presentado formalmente por Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de La Prada (hijo de Pedro J.), en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente de 2014 y 2016 que permitían el empleo. Ahora, y sin cobertura legal, "queda patente que la zona debe ser devuelta a su estado original".

Además, el diputado aseguró que más de veinte años después "queda demostrada jurídicamente la connivencia del periodista con el gobierno español, presidido entonces por el PP". De hecho, Ferrà insiste en que las Nuevas Generaciones del PP instaron a los militantes a acudir desde otros puntos de la península a las Islas Baleares para manifestarse en "defensa de la libertad". "Lo hicieron el mismo día que una quincena de entidades y partidos políticos (entre ellas el PSM) habían convocado otra marcha bajo el lema 'La costa es de todos'. En la marcha en apoyo a Pedro J. Ramírez había , entre otros, Jaume Matas, presidente del PP en las Islas Baleares, y que poco tiempo después se convertiría en ministro de Medio Ambiente".

Ferrà, avala su propuesta, no sólo con la resolución judicial sino con la legislación vigente que obliga a la Administración General del Estado cuando se extingue a "decidir sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado ya sus expensas". Con todo, Ferrà confía en obtener el apoyo mayoritario de la cámara para sacar adelante la iniciativa.