El servicio de prevención de riesgos laborales de la caib reforzará los controles de salud a los empleados públicos

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización, ha aprobado hoy diferentes medidas dirigidas a reforzar los controles del estado de salud que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realiza a los empleados y empleadas públicas al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector instrumental, excepto a los entes que prestan este servicio de forma externa.

Esta medida busca incrementar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que, a raíz del Acuerdo del Consell de Govern de 16 de marzo, han quedado de forma presencial en sus puestos de trabajo habituales o destinados a diferentes servicios que han necesitado un refuerzo de personal.

Según especifica el Acuerdo, todo el personal funcionario y laboral de la CAIB y del sector instrumental que continúe trabajando presencialmente se tendrá que dirigir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en caso de que presente síntomas compatibles con la COVID-19 o haya estado en contacto estrecho con alguna persona contagiada, para ser citado para una evaluación presencial por parte de médicos del trabajo.

Además, el Consell de Govern ha autorizado al Servicio de Prevención para que pueda recurrir a proveedores externos de prevención de riesgos laborales de refuerzo, si ello fuera necesario para asegurar una disposición suficiente de médicos del trabajo para evaluar el estado de salud de los trabajadores y trabajadoras públicos a su cargo.

De este modo, el Govern de les Illes Balears da un paso más para garantizar la salud del personal en activo presencialmente, que se suma a las iniciativas que se han puesto en marcha en los centros de trabajo siguiendo las instrucciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de la Dirección General de Salud Pública, como por ejemplo la desinfección y limpieza especializada, la colocación de señales de distancia interpersonal y de cartelería con información básica de higiene personal, la distribución de guantes de plástico, la limitación del aforo máximo a los espacios comunes y públicos, entre otras.

Finalmente, la Dirección General de Función Pública y Administraciones Públicas ha creado una bolsa de funcionarios voluntarios para la eventual atribución de tareas de refuerzo de los servicios que lo requieran, en atención a la nueva situación del estado de alarma, lo que puede suponer el destino inmediato, o en cualquier momento, mediante atribución temporal de funciones, a los departamentos o servicios de la Administración autonómica o de los entes públicos instrumentales que necesiten reforzar su plantilla.

Hay que recordar que el Acuerdo de 16 de marzo ya aprobó medidas destinadas a reducir al mínimo imprescindible el personal público que debía continuar trabajando en modalidad presencial, en la línea de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, pero asegurando el mantenimiento de los servicios públicos esenciales dirigidos a la ciudadanía en un momento de tantas dificultades para el conjunto de la sociedad.

Actualmente, cerca del 85 % del personal de la Administración autonómica (17.326 personas), excluyendo el sector sanitario, teletrabaja o se encuentra en situación de disponibilidad para recibir asignaciones temporales de funciones. Solo el 15 % de los trabajadores y trabajadoras públicos realizan a día de hoy sus tareas de forma presencial (3.128 personas).