MÉS constata que el Palacio de Congresos 'es una ruina' y que no interesa a ninguna empresa turística 'solvente'

El portavoz de MÉS per Palma, Antoni Verger, considera que el cuarto concurso abierto para vender el hotel "y de paso deshacerse" de la gestión del Palacio de Congresos, ha demostrado, según ha dicho, que esta infraestructura es "un fracaso", después de saberse que hay una única oferta para adquirir el hotel proveniente de un fondo de inversión internacional.

"Es la cuarta vez que el PP intenta esta operación pero parece que todavía no le ha quedado bastante claro que el sector privado no tiene ningún interés al gestionar el Palacio de Congresos", ha espetado Verger, quien ha insistido en que ninguna empresa del sector turístico "conocida y solvente" se ha querido presentar a este cuarto concurso público, a pesar de se haya suprimido el canon inicial y se ofrezca la adquisición del hotel.

Con todo, el portavoz nacionalista ha recordado que la oferta
de venta del hotel de 40,5 millones de euros está por debajo del valor del inmueble y de la inversión hecha por el Ayuntamiento, por lo que, según ha indicado, "se está regalando patrimonio público a cambio de deshacerse de la gestión del Palacio de Congresos".

A pesar de esto, sólo un fondo de inversión internacional, a través de un intermediario, ha presentado una oferta para hacerse con la propiedad del hotel y la gestión del Palacio, ha señalado Verger, para quien esto demuestra, que dicha infraestructura "es una ruina".

En este sentido, ha asegurado que el alcalde de Palma, Mateu Isern, lleva toda la legislatura "vendiendo humo" sobre los millones que llegarán a Palma gracias al Palau, pero esto contrasta con las acciones de unos empresarios del sector turístico "que no quieren arriesgar ni un euro para hacerse con la gestión de esta infraestructura".

Por último, el portavoz de MÉS en Cort ha constatado que "por unos 12 millones de euros pondríamos punto y final al monstruo del Palacio que se traga cerca de 470.000 euros cada mes" y se evitaría s pagar con dinero público los 70 millones que restan para acabar las obras, y evitar el déficit de explotación que generaría una vez finalizado, calculado entre 1 y 2 millones de euros anuales para las arcas públicas.