La Guardia Civil comprobó que el arma encontrada en la finca de Cursach no está en situación legal en España

La Guardia Civil comprobó que el arma encontrada en la finca del empresario Bartolomé Cursach no se encuentra en situación legal en España, según ha declarado este jueves el agente que se encargó de las gestiones.

"No consta que ese arma tenga estado legal en España", ha declarado el agente de la Benemérita durante el juicio contra el empresario por tenencia ilícita de armas. Además, la Policía Nacional confirmó que el arma -una carabina del calibre 22- podía realizar disparos.

Al Guardia Civil se le ha exhibido el permiso de Bartolomé Cursach, fechado en 1982, por lo que según el agente está caducado desde 1987. Además, el Guardia Civil ha resaltado que el tipo de licencia al que corresponde está tachado.

El agente también ha corroborado que la numeración del arma no consta en sus bases de datos y que Cursach no ha sido poseedor de armas a su nombre legalmente. Según ha explicado, también hicieron comprobaciones con un nombre que aparece en la carabina pero sin resultado.

Además, ha recaltado que sin licencia de armas no se puede obtener legalmente esta escopeta, ni tampoco con un permiso caducado, y que requiere además de la licencia una guía de pertenencia. En una armería no se podría vender sin los papeles obligatorios y la compra entre particulares tendría que pasar por la intervención de armas de la Guardia Civil.

Del mismo modo, son necesarios los papeles para adquirir los cartuchos. Las armerías, según ha detallado al agente, informan a la Guardia Civil mensualmente sobre este tipo de compras.

Además, para la licencia de armas tipo F -armas para uso en campos, galerías y polígonos de tiro-, es obligatorio tener un armero o caja fuerte. Finalmente, el agente también ha señalado que no es legal tener 500 cartuchos en un domicilio -como máximo se permiten 200- y que el calibre 22 no se permite para la caza, sino que se utiliza para tiro olímpico.

LA POLICÍA CONFIRMÓ QUE EL ARMA PODÍA REALIZAR DISPAROS

En el juicio también ha declarado un agente de la Policía Nacional, en este caso especializado en balística forense, que realizó un informe preliminar y comprobó que la carabina podía realizar disparos.

Para ello, el agente realizó seis disparos en la galería de tiro de la Policía con la misma munición que llevaba el arma. Concluyó que la carabina era "mecánica y operativamente funcional".