Este miércoles entra en vigor la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de edad en las Illes Balears

El Decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública aprobado por el Govern entrará en vigor mañana tras su publicación hoy en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). La norma prohíbe en todo el territorio de las Illes Balears la venta, el suministro o la entrega de bebidas energéticas a menores.

Se consideran bebidas energéticas aquellas bebidas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el criterio establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.

Existe una preocupación creciente por el consumo de bebidas energéticas entre la población joven. Según la encuesta ESTUDES 2023, el 47,7 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 % reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.

El consumo de estas bebidas es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto solas como combinadas con alcohol. Su consumo se asocia a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular. Además, cuando se mezclan con alcohol pueden reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.

La protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta a menores que ya se aplican al alcohol y al tabaco.

El incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores está tipificado como infracción grave en la Ley sobre drogodependencias y otras adicciones de las Illes Balears. La normativa prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros.

El Govern es consciente de que la entrada en vigor de esta medida supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores. La aplicación de la nueva normativa requerirá la adaptación de procedimientos de venta y control de edad por parte de los establecimientos para garantizar su cumplimiento.

Por ello, el Govern agradece la colaboración, la responsabilidad y la predisposición mostradas por todo el sector comercial. Su implicación está siendo fundamental para hacer posible la aplicación de una medida que tiene como objetivo proteger la salud de niños y adolescentes.