El PSIB-PSOE registra un proyecto de ley que democratiza la representatividad del sector agrario, con elecciones cada cinco años

El diputado Marc Pons y la diputada Malena Riudavets, del Grupo Socialista, han dado a conocer una proposición de Ley de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, registrada hoy en el Parlament, que pretende, por primera vez, establecer un procedimiento legal propio para determinar qué organizaciones defenderán los intereses del sector agrario ante la Administración pública, garantizando así un diálogo social ordenado, transparente y adaptado a la misma.

En este sentido, Marc Pons ha indicado que esta propuesta recoge una demanda histórica de parte de las organizaciones agrarias, ya que en las Islas "nunca se han celebrado elecciones para fijar la representatividad y el peso de las organizaciones", tanto en el conjunto de las Islas Baleares, como en cada territorio insular.

Pons ha añadido que la propuesta quiere ser "aire fresco para el sector", ya que es un paso importante para dar legitimidad a la hora de negociar y pactar, y fortalece la actividad agraria desde el momento en que favorece el debate de iniciativas y liderazgos; que supone un ejercicio de transparencia porque plantea abrir un censo profesional y que garantiza la aportación de recursos públicos para favorecer la profesionalización de las organizaciones agrarias.

El diputado socialista ha pedido al PP y al Gobierno que "rehuya del inmovilismo y apoye la tramitación de esta ley", ya que la actual ley agraria, "tiene muchas carencias, entre otras, la de la representatividad de las organizaciones agrarias", ha explicado.

Malena Riudavets, por su parte, ha añadido que con este paso, las Islas Baleares se dotarían de un marco jurídico moderno, que refuerza la legitimidad de las organizaciones agrarias para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, la innovación y el apoyo al producto local, entre otras cuestiones.

El proyecto de ley persigue estructurar, de este modo, el sistema de consulta democrática y periódica. Así, la representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante consulta electoral que se celebraría cada cinco años. Asimismo, apostando por la modernización administrativa, se establecerá un sistema de votación cien por cien electrónica, con voto secreto, sea de forma remota o presencial, asistida en puntos habilitados en todas las islas.

Riudavets también ha indicado que la redacción de la proposición de ley se ha trabajado desde textos legislativos de otras comunidades que ya están practicando elecciones agrarias (Asturias, Extremadura, Castilla o Cataluña), adaptándolo a la realidad y la idiosincrasia de las Islas.

Por eso, una de las novedades que plantea el proyecto de Ley es el doble ámbito de representatividad. De esta forma, la ley reconocerá la singularidad territorial del archipiélago, con unas votaciones de ámbito autonómico; y un segundo ámbito, insular, por participar en los órganos de diálogo de cada Consejo insular.

Para hacer posible el buen funcionamiento del sistema de elección, se establecerá un censo electoral profesional, en el que se recoge que tendrán derecho a voto las personas físicas y jurídicas inscritas en el censo agrario que ejerzan la actividad de forma profesional o prioritaria, con domicilio fiscal en las Islas.

Otro punto importante que se recoge por primera vez es la financiación de las organizaciones que resulten elegidas, que tendrán derecho a ocupar vocalías en los órganos colegiados de consulta e interlocución de forma proporcional a los votos obtenidos, así como a percibir subvenciones económicas para compensar las mismas. gastos derivados de esta participación institucional.

También se busca cumplir con el principio de igualdad de género en la representatividad, puesto que la designación de los representantes deberá procurar garantizar el principio de equilibrio entre hombres y mujeres.