El PSIB-PSOE pide al PP que deje de ponerse de parte de Le Senne y se sitúe junto a lo que han dicho los letrados de la cámara

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado dos escritos de queja en el Parlamento de las Islas Baleares, uno dirigido al presidente ya la Mesa, y otro a la Junta de Portavoces, por la vulneración de los derechos constitucionales de dos diputadas, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por parte del presidente de la cámara, Gabriel Le Senne.

En concreto, en el primer escrito, dirigido al presidente ya la Mesa, las diputadas socialistas solicitan que se declaren vulnerados los derechos fundamentales y constitucionales por su expulsión de la cámara por parte de Le Senne, sin amparo reglamentario ni legal.

La vicepresidenta segunda del Parlamento y diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Garrido, ha exigido de nuevo al PP "que deje de ponerse de parte de Le Senne y se ponga de parte de lo que han dicho los letrados de la cámara", de al igual que ha pedido a los populares que saquen al presidente del cargo porque "no puede continuar ni un minuto más al frente de una institución que está en una crisis continua, con un presidente que arrastra el nombre del Parlament".

En la exposición de motivos, Garrido y Costa defienden la falta de justificación jurídica por parte del presidente de la cámara para tomar su decisión de expulsión, tal y como ya ocurrió en el pleno del pasado 18 de junio.

Para las diputadas socialistas, este hecho supone una actuación absolutamente arbitraria y desproporcionada por parte del presidente, inobservando constantemente el reglamento del Parlamento, teniendo en cuenta que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no hizo mención a los artículos que reclamaba que fueran observados por parte del presidente, pese a la advertencia del letrado de esta anomalía. La expulsión ordenada por Le Senne tampoco está contemplada en ningún artículo del reglamento.

En el escrito se recuerda que la potestad que tiene otorgada el presidente no es absoluta, y que la ordenación del debate con la que Le Senne interpretó y ejecutó el reglamento fue de forma arbitraria, confundiendo su voluntad y su persona con lo que implica ejercer la presidencia. Hay que tener en cuenta que ningún artículo de la normativa de la cámara otorga a la presidencia poderes absolutos.

Además, durante el receso que se produjo durante el plenario del pasado martes, varios grupos pidieron la presencia del letrado para esclarecer la interpretación del reglamento, a lo que se negó Le Senne. La opinión de la oficialía mayor se conoció ayer durante la Junta de Portavoces.

En cuanto a la neutralidad de la Mesa a la que hace referencia Vox, no existe ningún precepto legal o reglamentario que recoja esta cuestión, siendo un tema que entra en el marco de los usos y costumbres. De esta forma, la supuesta neutralidad del órgano de dirección del Parlamento debe ser circunscrita exclusivamente a sus decisiones y actuaciones formales, pero no afecta a la simbología, vestimenta u otras expresiones visuales que puedan utilizar individualmente sus miembros, por el hecho que no rompe el normal funcionamiento de la institución.

Una interpretación distinta supondría restringir el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. Por eso, las socialistas insisten en que la exhibición de imágenes de víctimas del franquismo no influye en las decisiones formales ni altera el orden del debate, teniendo en cuenta también que una de las víctimas, Aurora Picornell, es hija predilecta de Mallorca.

En legislaturas anteriores se ha dado de forma reiterada la exhibición de imágenes en distintos formatos por parte de los miembros de la Mesa sin reprobación alguna en este sentido. Así las cosas, las socialistas consideran que la neutralidad de Mesa se pierde precisamente por parte del presidente, con una decisión parcial y vinculada a su posición ideológica.

Por último, el escrito recoge los diferentes posicionamientos de Le Senne con un mismo hecho, dado que las dos diputadas llevaron las mismas camisetas en el pleno de día 20 de junio sin que hubiera ningún problema.

Si esta lesividad en los derechos de ambas diputadas no es reconocida, Garrido ha advertido de que las socialistas se verán obligadas a recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional para defender sus derechos como diputadas.

El segundo escrito, dirigido a la Junta de Portavoces, solicita la convocatoria de este órgano para que se declare expresamente la improcedencia y la inadecuación de la actuación del presidente del Parlamento.