Los Socialistas de Mallorca valoran llevar a lo Contencioso-Administrativo la aplicación de la amnistía urbanística

Una semana justa después de la convalidación en el Parlamento del Decreto-ley Ómnibus de Prohens, que supone el mayor atentado contra la sostenibilidad en Baleares de toda la historia, el Consell de Mallorca ha aprobado la aplicación de uno de sus preceptos, la Disposición adicional 7ª, que supone la legalización exprés de todas las construcciones ilegales y fuera de ordenación en suelo rústico de Baleares anteriores a 2015. Una convalidación que ha contado con los votos contrarios de los consejeros del Grupo Socialista.

La portavoz Catalina Cladera ha pedido, al inicio de su intervención, que el punto único del plenario quedara encima de la mesa, ante la evidente falta de información de una medida que se lleva a plenario “con un papel con un acuerdo político del Parlament, sin más explicación”. Cladera ha insistido en la necesidad de que se reclamen informes técnicos sobre las implicaciones que comporta esta legalización masiva de casas en rústico de Mallorca, ante la inexistencia absoluta de datos reales: “nadie ha explicado a los técnicos de los ayuntamientos cómo aplicar esta medida, o cuáles son los criterios de eficiencia energética, hídrica o paisajística que deben acreditarse para cumplir con la disposición”.

Ante esta ausencia absoluta de competencia del equipo de gobierno PPVOX del Consell de Mallorca, Cladera se ha quejado de la "dejadez de funciones de Galmés", que se limita a aplicar una normativa "impuesta" desde el Govern, sin tener en cuenta que "el Consell tiene competencias plenas en Mallorca" y no las ejerce. "Por qué tiene tanta prisa en aplicar esta norma en Mallorca", se ha preguntado la socialista.

El Grupo Socialista valora elevar la aprobación de la norma ante lo Contencioso-Administrativo, precisamente en defensa de las atribuciones que por normativa le corresponden al Consell de Mallorca en materia de Territorio. El acuerdo de lleno de hoy favorece la especulación por que vuelve a poner en valor de mercado edificaciones que no tenían por estar fuera de ordenación, y además, también permite incrementar el volumen de chalets en rústico, o construir en zonas hasta ahora vetadas para comportar riesgo de incendio, inundación o desprendimiento. “Con esta norma se incrementará la presión urbanística sobre el suelo rústico, se elevará su precio y será más difícil hacerlo accesible a los campesinos. Además, la norma tiene una vertiente claramente recaudatoria que sólo beneficiará a aquellos que puedan pagar el coste de las sanciones que prevé la legalización

Cladera ha recordado que la medida está aprobada con la intención de “dar la amnistía a las casas ilegales que se realizaron durante los últimos gobiernos del PP, 8 años atrás. En cambio, durante los gobiernos de progreso ha sido cuando se ha potenciado la protección territorial, que Cladera ha ejemplificado con el crecimiento de la Agencia de Defensa del Territorio, hasta los actuales 36 municipios adheridos, como herramienta primordial para la defensa del suelo rústico, que ahora también queda en entredicho por la aprobación de la medida legalizadora de PPVOX.

Finalmente Cladera también ha censurado el "doble discurso del PP", en materia urbanística y territorial, "cuando primero reclaman sostenibilidad y límites en Mallorca, pero por otra parte hacen estos atentados contra el suelo rústico".