Alcaldes y alcaldesas del Partido Popular defienden que el Decreto de Simplificación Administrativa “ayudará a los ayuntamientos de Balears”

Los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular han manifestado su “total apoyo” al Decreto de Simplificación Administrativa, convalidado, el pasado martes, en la última sesión plenaria del Parlament de las Illes Balears, puesto que “ayudará a los ayuntamientos de las Balears”.

El presidente del Comité de Alcaldes de la formación, Llorenç Perelló, ha asegurado que “el Decreto de Simplificación Administrativa representa un paso más para que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos y para disponer de una Administración ágil y eficaz”. “Esta norma proporciona soluciones a problemas reales que tienen los ciudadanos en su día a día, como la agilización de la tramitación de licencias y de las listas de espera de la ITV o la eliminación de los cuellos de botella que hay, actualmente, en algunos organismos de la Administración”, ha detallado.

“Con la aprobación de este decreto, el Partido Popular ha dado cumplimiento a una de las principales promesas de su programa de gobierno, el cual, por cierto, ha sido revalidado por parte de la ciudadanía, el pasado domingo, en las urnas”, ha recordado Perelló

El presidente del Comité de Alcaldes ha querido destacar la posibilidad de habilitar nuevos aparcamientos en determinados municipios, para facilitar la movilidad en las épocas de más afluencia de visitantes, o la delegación a los municipios costeros de las autorizaciones para acontecimientos de interés general con repercusión turística en el dominio público marítimo terrestre, y para obras, usos y actividades en tramos urbanos de playas. “Esta última medida permitirá una gestión más eficiente y directa de los espacios por parte de los ayuntamientos, que conocen mejor las necesidades específicas de su territorio”, ha defendido.

“El PSOE miente, una vez más, cuando declara que existe una amnistía urbanística y que el Decreto de Simplificación Administrativa supone un incremento de la presión urbanística y turística sobre el territorio”, ha apuntado Perelló; quien ha señalado que “el decreto no habla de perdón, sino de sanciones y de condiciones ambientales”.