EL GOB pide a Prohens un cambio de rumbo de las políticas territoriales y turísticas

Durante la audiencia con la Presidenta Prohens, los representantes del GOB Mallorca han reiterado a la jefa del ejecutivo autonómico, su posición crítica en relación a las medidas anunciadas y ejecutadas en este primer año de legislatura: decreto ley vivienda, ley de simplificación administrativa, eliminación de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, segundo intento de legalización en suelo rústico como continuidad a la impulsada por Gabriel Company, anuncio levantamiento de la moratoria turística, etc… todo ello unas medidas que hacen prever una nueva ola inversora, turística e inmobiliaria que agravará la presión sobre los recursos, la situación de saturación y los impactos más negativos sobre el territorio y la sociedad, puesto que implicarán mayor precariedad laboral y empobrecimiento de los habitantes, en particular de las personas jóvenes, mujeres y comunidades migrantes.
Cada vez son más las familias trabajadoras que no llegan a fin de mes y tienen casi imposible conseguir un alquiler digno. Se han mencionado cuestiones como estas y también la Presidenta ha hablado de la Ley Turística y de la Ley de Costas que prepara el ejecutivo, sin entrar en ningún detalle, y que desde el GOB se consideran clave y determinantes para acabar de captar el horizonte político de este Gobierno. La Presidenta Prohens ha declarado de forma contundente y defensiva su compromiso con la asunción de los límites a la actividad turística, un planteamiento que desde el GOB cuestionamos fuertemente y que deberá materializarse en hechos si la Presidenta quiere mantener la credibilidad: hablamos de límites en los cruceros, plazas turísticas, nuevos mercados, productividad turística, límites en los coches de alquiler, etc. Temas que de momento parecen ir en dirección contraria a lo que señala la Presidenta.

Desde el GOB se ha recordado que el Gobierno tiene como responsabilidad la aplicación de la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras que más de 12.000 personas apoyaron y que es una norma pionera en todo el estado español y casi la única en el contexto europeo, después de Gales. Baleares puede convertirse en referente en la aplicación de una ley de iniciativa popular que garantiza que las políticas que se deciden hoy, tienen en cuenta el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en términos ambientales y ecológicos pero también en términos de vivienda , cultura, juventud, igualdad, salud, cohesión. Y que el argumento de la simplificación administrativa no puede servir de excusa por no aplicar una ley de extrema relevancia en el contexto actual.

Por otra parte, se logró que en Baleares se constituyeran las asambleas ciudadanas por el clima que culminaron su proceso de democracia deliberativa con toda una serie de propuestas, avaladas con más del 90% de apoyo, y que hay que tener en cuenta y implementarlas.

El GOB considera que en la actual situación de crisis climática y ecológica global, es necesario hacer caso de estas iniciativas y adelantarse para que Baleares avancen en la transición ecosocial y sean un territorio resiliente hacia las crisis que se desencadenarán como consecuencia del cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles, y las crecientes tensiones internacionales y conflictos bélicos por el acceso a los recursos. El decrecimiento no es una opción, es una realidad y es necesario planificarlo. El horizonte de la productividad en contextos de escasez chocará con la realidad tarde o temprano.

La comunidad científica habla claro y fuerte en este sentido y han tomado parte para que los responsables políticos les escuchen. Ahora se encuentran imputados y con posibilidad de entrar en prisión – es el caso del filósofo, poeta, activista ecologista y profesor universitario Jorge Riechmann que tomó parte de la acción en el Congreso de los Diputados impulsada por el colectivo “Rebelión Científica ”. Igualmente, los pueblos y la gente se levanta ante la sensación de que se hace caso omiso de sus demandas y situación vital, como ha sido y es el caso de Canarias, donde el pasado sábado 20 de abril “Canarias tiene un límite ” convocó una movilización que resultó histórica en todas las Islas del archipiélago y donde 6 personas del colectivo “Canarias se agota” han estado 20 días en huelga de hambre reclamando una moratoria turística, la paralización de macroproyectos turísticos y que se escuche al pueblo. El GOB advierte que la situación también es una situación límite en nuestras islas, que estas tensiones van en aumento y que las movilizaciones pueden reproducirse aquí donde existe una larga trayectoria de acciones y movilizaciones masivas en defensa del territorio y contra los impactos y consecuencias de lo que representa el monocultivo turístico intensivo, la saturación y la masificación.

El GOB pide así a la Presidenta que escuche a los actores sociales y no se cierre de manera estricta la ejecución de su programa electoral, muy marcado por la presión de los principales actores económicos de las Islas: promotores, inversores, constructores y hoteleros. El GOB manifestó a la Presidenta que las entidades ambientales son cada vez menos tenidas en cuenta, que la participación y las garantías ambientales y democráticas no pueden considerarse una traba, sino que son un ejercicio sano y responsable de democracia. Sólo a modo de ejemplo, cabe mencionar que las entidades ambientales tienen representación en la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears que va a desaparecer, y que el Gobierno ha retirado la representación de las entidades ambientales del Consejo Económico y Social sin previo aviso.

El GOB continuará trabajando en las Islas vigilando, alertando y proponiendo, pero también, si es necesario, movilizando a la ciudadanía, porque nos encontramos en un escenario de extrema gravedad y sin precedentes y nos jugamos la posibilidad de tener un futuro digno.