El PSIB-PSOE pedirá la comparecencia de Marga Prohens, Miguel Tellado, Jacobo Pombo y Javier Ureña, en la comisión de investigación del Congreso

El Partido Socialista ha formalizado hoy el listado de las personas de Baleares que tendrán que comparecer en la Comisión de Investigación del Congreso para dar cuenta de la contratación de material sanitario durante la pandemia, así como de la gestión del expediente de reclamación a la empresa Soluciones de Gestión y la caducidad de éste por parte del Gobierno actual.

La comisión de investigación del Congreso fue propuesta por el PSOE con el objetivo de investigar la compra de material sanitario por parte de todas las comunidades autónomas, por lo que se convierte en la auditoría más completa y objetiva de cuántas se harán en las diferentes instituciones.

Para los socialistas, las principales dudas se encuentran en la gestión del Gobierno actual, que habría dejado caducar el expediente de reclamación de las mascarillas, en los mismos plazos que pretendía la trama según las grabaciones que constan en el auto del juez de la Audiencia Nacional.

Por eso, el Partido Socialista pedirá la comparecencia en el Congreso de la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, con el objetivo de averiguar si dio la orden de dejar morir la reclamación de las mascarillas tal y como habría pedido la trama al portavoz del PP en el Congreso y número 2 de Feijóo, Miguel Tellado, quien también será citado.

Una de las principales sombras de duda que quedan por resolver es la conexión entre Jacobo Pombo, logrador de la trama, y ​​los actuales responsables del PP, por lo que deberá comparecer en el Congreso para explicar su papel en la pérdida del expediente de reclamación.

Los socialistas también citarán al actual responsable del IBSalut, Javier Ureña, responsable de haber desistido del expediente de reclamación, de haberlo dejado caducar y de haber iniciado una revisión de oficio, sólo con la su firma y sin ningún aval técnico ni jurídico, ni del Servicio de Salud ni de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Precisamente, debido a que una vez que el caso era público modificó el plazo de caducidad del expediente de 3 a 8 meses, también será citada a comparecer Laura Montserrat, jefe de departamento de contratación del Servicio de Salud.

Por último, desde el primer momento el PSIB-PSOE ha denunciado el silencio de la Abogacía de la comunidad autónoma en relación con la reclamación de los 2,68 millones de euros, debido a que en ningún momento ha emitido ningún informe que avale que expediente no ha caducado, tal y como sigue defendiendo el Gobierno de Prohens. Por eso, tendrán que comparecer la actual directora de la Abogacía, Antònia Perelló, y su director adjunto, José Ramón Ahicart.

Tal y como ha defendido desde el primer momento el PSIB-PSOE, el objetivo de la formación es colaborar desde la máxima transparencia en el esclarecimiento de posibles dudas en cuanto a la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia, desde el convencimiento de que todo se hizo como tocaba, desde la legalidad y con la fiscalización tanto de la Oficina Anticorrupción y la intervención de la comunidad autónoma.

Así, el PSOE pedirá la comparecencia de la expresidenta del Gobierno, Francina Armengol, del exportavoz del Gobierno, Iago Negueruela, y de los dos ex directores generales del Servicio de Salud, Juli Fuster y Manuel Palomino.

Comparecencia de Vicent Marí por las contrataciones durante la pandemia

Además de revisar la compra de material sanitario por parte de todas las instituciones, el objetivo de la comisión de investigación propuesta por el PSOE en el Congreso también es investigar los procedimientos de contratación llevados a cabo por las distintas administraciones durante la pandemia, por la lo que el Partido Socialista pedirá la comparecencia del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, actualmente imputado por el juez por la contratación de emergencia de un servicio de promoción turística.

Por este mismo motivo, también será requerida la interventora del Consell de Eivissa, María Ana Tur, quien denunció amenazas y coacciones por parte del presidente del Consell de Eivissa, después de que alertara de las irregularidades.