Actualizado el 03/10/2023 12:45 Compartir
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, de aprobar "una amnistía urbanística en toda "regla".
El socialista ha explicado que "he buscado en los programas electorales de PP y Vox y la palabra amnistía, como la que aprobaron ayer, no sale". De hecho, el portavoz parlamentario ha advertido que "el Gobierno dijo que las medidas de vivienda serían para reformar la Ley de Vivienda y lo que vemos es que modifican la Ley de Urbanismo, porque lo que realmente quieren es modificar el urbanismo de nuestras islas”. Por eso, la normativa de Prohens habla de cómo obtener una cédula de habitabilidad fuera de ordenación, lo que “se llama amnistía urbanística, ha dicho Negueruela.
Además, Negueruela también ha pedido a la presidenta del Gobierno que "escuche a la ciudadanía y ponga en marcha medidas sociales como pide la sociedad de estas islas".
El socialista ha reiterado a Prohens que escuche "a la sociedad real, no a las élites", teniendo en cuenta que "se han hecho una enmienda a la totalidad de su decreto ley de sucesiones". También le ha apuntado que “escuchen a los sindicatos, a las plataformas que le piden la gratuidad del transporte público, quienes piden medidas reales en materia de vivienda y. en el tercer sector que pide más ayudas sociales, porque tal y como reconocen ustedes mismos tienen recursos suficientes”.
Decreto ley de vivienda
Insistiendo con el decreto ley de vivienda, la diputada socialista, Mercedes Garrido, ha destacado que "en 84 días de Gobierno la señora Prohens ya tiene su amnistía urbanística". La socialista ha denunciado que, una vez publicada la normativa, y refiriéndose a la consejera Marta Vidal, “cobra sentido que la abogada que defendía las infracciones urbanísticas en ese momento haga una amnistía urbanística y que el agente inmobiliaria que intermediaba por la compra de solares y edificios incremente el techo edificable y las alturas, además de crear una nueva figura especulativa con la vivienda de precio limitado, lo que provocará, además de la amnistía urbanística, una nueva burbuja inmobiliaria”.
Garrido ha acusado a Vidal de no consensuar el decreto ni con los socios de Vox ni con el propio Govern, ya que “por tres veces le quitaron el decreto, mientras que tampoco lo ha dialogado con los usuarios de la vivienda, que son los grandes olvidados de este decreto”.
Gratuidad transporte público
En cuanto a la gratuidad del transporte público, la diputada socialista, Amanda Fernández, ha asegurado que el Govern "ha cambiado proteger a familias para beneficiar a las grandes fortunas".
En este sentido, la socialista ha recordado que el PP “ha eliminado el impuesto de sucesiones beneficiando a las grandes fortunas ya la vez, recortan ayudas como la gratuidad del transporte público, que cuesta 43 millones de euros, mientras que eliminación del impuesto dejarán de recaudar 120 millones de euros anuales que podrían destinarse a ayudas como éste”.
Del mismo modo se ha pronunciado el diputado Llorenç Pou, quien ha lamentado que "la principal medida de este Gobierno nos costará 500 millones de euros esta legislatura, beneficiando a los más poderosos a través de un auténtico buñuelo jurídico".
Pou ha puesto de manifiesto las 32 enmiendas que PP y Vox han presentado a su propia normativa sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo que “no aciertan ni cuando ustedes se enmiendan, porque cuyos problemas alertaban a los expertos se mantienen, a no ser que se aprueben las enmiendas que se han presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista”.
Entre estas enmiendas, destaca la continuidad de la gratuidad del transporte público o el incremento de la deducción para las hipotecas variables.
También la diputada Silvia Cano ha pedido al Gobierno por el mantenimiento del escudo social, asegurando que “ya tenemos un recorte, los que más tienen se verán beneficiados de la rebaja fiscal de Prohens, pero quienes más lo necesitan no tendrá ninguna medida de apoyo por parte del Gobierno”.
La lengua propia ha sido otro de los temas que ha puesto sobre el debate parlamentario el Grupo Socialista. La diputada Pilar Costa ha pedido al Govern que manifieste su criterio en contra de la creación de la Oficina de Imposición Lingüística, que pida un informe a la Abogacía de la comunidad autónoma, otro al Consejo Consultivo y, una vez sea el momento del apresamiento en consideración, voten en contra. En caso de no hacerlo así, "Prohens será la responsable del peor ataque que ha sufrido nuestra lengua en cuarenta años", ha advertido Costa.
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