Actualizado el 13/04/2022 19:40 Compartir
El pasado 18 de febrero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Una iniciativa legislativa que ha recibido una fortísima contestación del mundo de la caza, ya que limita de forma drástica esta actividad a través de la acumulación de exigencias administrativas y burocráticas, la obligatoriedad de esterilizaciones de los perros, las limitaciones de edad de los animales y redacciones muy abiertas que pueden dar lugar a interpretaciones que hagan inviable la caza.
Así lo ha explicado el presidente de la formación, Tolo Gili, quien ha señalado que la nueva norma “agota la materia, debido a que la regula con tal grado de detalle que no deja margen a las comunidades autónomas para establecer una política propia en este ámbito”, y ha añadido que “la caza es una actividad con una gran tradición en las Islas Baleares, que a lo largo del tiempo se ha ido ordenando y planificando. La caza ejercida de forma responsable puede ayudar al mantenimiento de la biodiversidad y dar continuidad a una actividad muy arraigada que ayuda a mantener las fincas rústicas”.
En este mismo sentido, la vicepresidenta de El Pi, Xisca Mora, ha señalado que “no hay nadie que ame y valore más a sus animales que a los campesinos y cazadores. Obviamente que no los ven como mascotas en esa visión urbana que informa de forma clara el anteproyecto de ley”.
Con todo, Mora, considera que debe defenderse una caza compatible con el medio ambiente y con la protección de los animales, “pero rechazando medidas que en el fondo impiden o hacen muy difícil el ejercicio de actividades cinegéticas y que son medidas pensadas en la contra de la caza. Es en las Islas Baleares quien corresponde definir la ordenación y exigencias de detalle para el ejercicio de la caza”.
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