MÉS y Unidas Podemos reclaman revisar los bienes inmatriculados por la Iglesia para posibilitar su devolución a los legítimos propietarios

Los Grupos Parlamentarios de MÉS por Mallorca y Unidas-Podem registran en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) instando al gobierno español a revisar de oficio el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde el año 1998 y 2015 y en emitir un pronunciamiento sobre la titularidad de éstos. La propuesta reclama también hacer públicos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015. Así como habilitar los mecanismos oportunos para el estudio y elaboración de un informe jurídico que posibilite la nulidad desde la entrada en vigor de la Constitución Española. También se pide posibilitar la reclamación de la titularidad por sus legítimos titulares.

La PNL, presentada de forma conjunta por los portavoces adjuntos de ambas formaciones, Josep Ferrà y Esperança Sans, detalla que las inmatriculaciones de la Iglesia Católica son una cuestión de Estado que precisan de una solución global. Según Ferrà, "la raíz de este desorden jurídico se encuentra en el limbo jurídico en el que quedó tras la Constitución española el patrimonio que la Iglesia católica se atribuye, consecuencia de la combinación perversa de unas leyes que no debieran haber existido, y otros que todavía no existen."

En este contexto Ferrà destaca "la necesidad de que sea la administración pública, y no la Iglesia católica, quien revise este listado de bienes inmatriculados" y ha apuntado que "diferentes informes apuntan a que la cifra de bienes inmatriculados desde el año 1946 sería de más de 100.000".

Por su parte la diputada de Unides-Podem, Esperanza Sans, explica que “el acuerdo de Pedro Sánchez con la Conferencia Episcopal es insuficiente, ya que hay miles de inmuebles inmatriculados que han quedado fuera de este acuerdo. "Iglesia no puede ser juez y parte y no puede decidir ella misma qué bienes son de su propiedad y cuáles no. Por eso creemos que debe ser el Estado quien revise estos bienes, con un listado transparente que debe ser público para a la ciudadanía"